La minería ilegal de oro ahora acecha los ríos y la riqueza natural del Oriente antioqueño

En Antioquia se conoce bien el poder destructivo de la minería ilegal. En el Bajo Cauca 500 veredas quedaron semidesérticas por esta actividad, según documentó la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) en su informe de daños ambientales durante el posacuerdo de Paz (2017 y 2022). Es un flagelo cuya búsqueda de soluciones llega siempre a un callejón sin salida por la vocación minera y un largo etcétera de matices sociales, culturales y económicos de esta y otras subregiones como Norte y Nordeste.

Pero el Oriente antioqueño no tiene vocación minera y mucho menos aurífera, y la expansión de la minería ilegal allí pone en riesgo no solo el agua de una subregión que aporta el 30 % de la energía hidroeléctrica al país, sino a sus bosques húmedos que son fundamentales para regular este mineral y que hacen parte de un gran andamiaje ecológico, el zonobioma húmedo tropical, uno de los grandes epicentros de endemismo en Colombia; dicho de otro modo, está en riesgo el futuro de cientos de especies que solo se hallan allí y que dependen de que se mantenga el equilibrio ecosistémico.

Este ha sido un año movido en cuanto a operativos contra minería ilegal en el Oriente. En marzo, tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 4 junto con la Policía hallaron en la vereda Santa Bárbara, del municipio de San Carlos, 21 motobombas y un motor industrial pertenecientes, según inteligencia, a la subestructura Mauricio García, del Clan del Golfo. Un mes después el golpe fue en Argelia, en el Oriente lejano: en un socavón del centro poblado La Mina, las autoridades encontraron tres motobombas, un sofisticado equipo industrial para perforar roca y hasta una planta generadora de energía, con esto extraían de la quebrada Santa Inés 3.000 gramos de oro al mes que les dejaba $928 millones.

Pero el mayor golpe en los últimos años, al menos en cuanto a cantidad de oro extraído y ganancias para los ilegales, ocurrió el pasado 2 de agosto cuando otra tropa del Batallón Especial Energético y Vial de la Cuarta Brigada encontró en la vereda El Remolino, a escasos 20 minutos del casco urbano de Alejandría, cuatro unidades de producción minera, maquinaria, nueve motores y cuatro dragas tipo buzo que extraían del lecho del río Santo Domingo 9.000 gramos de oro al mes que generaban ingresos al grupo conocido como Pacificadores del Samaná por $2.600 millones.

Pero los operativos anunciados son apenas la superficie del problema. El director de Cornare, Javier Valencia, señala que este año han recibido 60 denuncias ambientales por minería ilegal en su jurisdicción (incluyendo San Roque, en Nordeste). Según explica, de acuerdo con el protocolo que tienen establecido, han atendido 50 de estas denuncias en las que reportaron presencia de una o dos dragas, con operativos simples que incluyen algún acompañamiento de la fuerza pública para llegar al sitio a determinar la afectación ambiental: medir la contaminación por químicos, alteración del cauce por diques o deforestación por ingreso de maquinaria.

Pero en los otros diez casos, apunta, ha tenido que activar el puesto de mando unificado contra la deforestación y la minería ilegal para que ingrese a la zona primero el Ejército y la Policía, y luego Cornare y la Fiscalía, ante la presencia activa de actores armados y la complejidad del entable ilegal.

La minería ilegal se ha asentado ya sobre el río Calderas, entre Granada y San Carlos; en la cuenca del Río Nare, particularmente a la altura de Alejandría y límites con el Nordeste; acecha también los cañones de los ríos Verde y Santo Domingo, que nacen en San Francisco y Carmen de Viboral. También en San Rafael, en límites con Nordeste, la minería ilegal ha escalado ya al uso de retroexcavadoras con la destrucción de decenas de hectáreas de bosque. Y ha llegado igualmente al Oriente lejano, sobre el río Arma, en Abejorral, y en el río La Miel, en la frontera entre Antioquia y Caldas.

Y aunque este año no han tenido reportes de presencia en estos sitios, en los últimos seis años las autoridades tienen evidencia de que la minería ilegal tocó al Melcocho, una joya del Oriente, considerado el río más limpio de Sudamérica; y la zona de reserva del páramo de Sonsón, donde ya han desmontado campamentos mineros con suficiente equipo para triturar montañas, además de hallar plantas de energía como para iluminar un pueblo.

Así como en otros días lo fue el río Nare, actualmente el Calderas es el más afectado por minería ilegal en el Oriente. Líderes ambientales y organizaciones de la región dicen haber documentado la presencia de al menos 25 dragas regadas en toda su cuenca.

El Calderas, al igual que otros emblemáticos como el río Verde y el Samaná nacen en zona paramuna, rica en minerales. Aguas abajo, a temperaturas más cálidas, empieza a correr por el corredor kártstico que conecta con el Magdalena Medio, rico en enormes formaciones de mármoles, cuarzos y piedras calizas, todo eso hace que en su lecho rocoso se hallen diversos minerales, incluyendo oro.

Históricamente la minería allí fue de subsistencia, campesinos con batea que complementaban con alguna faena en el río los ingresos faltantes que no lograran con la agricultura o la pesca. Pero todo cambió con la guerra. Según el informe de Derechos Humanos de la Mesa de Víctimas del Oriente, entre finales de los 90 y 2009 los paramilitares se guiaron por las cuencas de los principales ríos para copar estratégicamente el territorio, y a su paso establecieron las rentas criminales cuyo impacto en el territorio aceleraron el desplazamiento masivo en las veredas. En las cabeceras del Río Santo Domingo y a la altura de la vereda El Retiro sobre el río Melcocho, los paras instalaron en ese entonces dragas para minería ilegal.

Actualmente esta zona, conformada por los cañones del Melcocho y el Santo Domingo, está convertida en Área de Reserva forestal Protectora, y aunque dicho esquema de conservación y la organización comunitaria la ha blindado hasta cierto punto, las organizaciones sociales han documentado patrones utilizados por estructuras como el Clan del Golfo similares a las empleadas por el paramilitarismo en la década del 2000.

Según señala la Fundación Sumapaz, existen similitudes en el mapa y la forma de control y acaparamiento territorial que usaron las ACCU y las AUC con lo que actualmente ejecuta el Clan del Golfo en varias zonas del Oriente. En Granada, por ejemplo, dice Sumapaz, han recibido reportes de la reactivación por parte del Clan de una mina de oro clausurada en los 70.

En zona rural de Granada y San Carlos los testimonios de líderes recogidos por EL COLOMBIANO hablan de sectores sobre el Calderas en los que los ilegales ejercen vigilancia para burlar el actuar de las autoridades usando drones y cuadrillas con armas largas para intimidar a la población que pueda denunciar la presencia de los mineros que jornalean para ellos, muchos reclutados para esta actividad en la misma zona aprovechando los altos índices de pobreza y desempleo. Aunque también en San Luis, testimonios aseguran que los mineros que están haciendo presencia son de Cáceres y otras zonas del Bajo Cauca. Es tal el control, según los relatos, que jóvenes integrantes de un colectivo que intentaron recoger muestras de agua para determinar presencia de mercurio fueron expulsados bajo amenazas.

El director de Cornare sostiene que tienen evidencia de contaminación en fuentes por uso de químicos, aunque aún les falta por determinar si en medio de esta actividad están realizando procesos de cianuración. Versiones recogidas aseguran que en algunos casos, tras elevar la denuncia, Cornare no habría ido al punto específico de extracción y habría optado por recoger muestras aguas abajo, citando como ejemplo un reciente suceso en el corregimiento de Santa Ana, en Granada, lo que según los testimonios dificultaría determinar la dimensión del daño ambiental.

De cualquier manera, la minería ilegal ya ha dejado claras muestras de su potencial devastador en el Oriente.

Por ejemplo, el entable minero destruido hace poco más de una semana en Alejandría deforestó 600 árboles y removió 16.500 metros cúbicos de subsuelo, un daño que las autoridades calcularon que tardará 40 años en restaurarse.

Valencia advierte que la minería ilegal está abriendo frentes de deforestación en San Carlos y San Rafael.

Ríos como el Calderas, que nacen en la zona de bosques y embalses, convergen en el imponente Samaná Norte que a su vez riega la cuenca del Nare y termina en el río Magdalena, conforman una red de ríos y quebradas que son vitales corredores biológicos por donde se mueven especies como el puma concolor y el jaguar, en riesgo de extinción; más de 300 especies de aves, muchas de las cuales necesitan aguas claras para su subsistencia; y además conservan especies de peces nativas necesarias para las economías campesinas como la cachama.

Pero, además, los procesos de retorno y resurgimiento del Oriente tras los peores años del conflicto armado han estado indisolublemente vinculados al bienestar de estos ríos. De los ríos han dependido la reactivación de la producción agrícola, el turismo que es uno de los principales renglones económicos en toda la subregión y la organización social, pues tras el retorno masivo, miles de campesinos han liderado una lucha organizada frente a los impactos de proyectos hidroeléctricos, lo que les permitió construir procesos de reconocimiento y soberanía campesina.

Pero ahora ante amenazas como la minería ilegal y la expansión de actores armados, líderes de varias zonas en Granada, San Carlos y Cocorná temen alzar la voz y ponerle nombre a las denuncias, pues aseguran que no han encontrado respaldo en las autoridades para que al menos se reconozca que hay una crisis humanitaria en marcha, como lo advierte el informe de derechos humanos Bajo el cielo que perdimos, publicado en abril de este año.

Aunque EL COLOMBIANO consultó a la Gobernación de Antioquia sobre cuáles son las zonas críticas que tienen mapeadas y los actores armados detrás de esta problemática, no recibió respuesta alguna.

La contaminación en ríos y degradación de suelos podría agravar en varias zonas el proceso de descampesinización que ya está en marcha. Según el citado informe, entre 2005 y 2020, 63.000 personas migraron hacia centros urbanos y cada año en promedio 557 agricultores abandonan sus tierras por factores que incluyen cambios en el uso del suelo, plusvalía asociada a la proliferación de parcelaciones y la dificultad de mantener a flote sus proyectos agrícolas por las condiciones del mercado.

En tiempos de la locomotora minera del gobierno Santos, decenas de multinacionales intentaron seducir al Oriente para que ampliara la vocación de su distrito minero (dedicado a la explotación de materiales de construcción) para poder extraer oro y otros metales. Pero el no fue rotundo. En San Vicente Ferrer, por ejemplo, prohibieron formalmente esta minería en 2018.

Con esa misma determinación, las comunidades esperan que las autoridades le cierren los caminos a la minería ilegal y, por lo menos, empiecen por reconocer y hablar abiertamente de la problemática.