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El secuestro, una de las marcas más dolorosas que dejó la extinta guerrilla de las FARC por más de cinco décadas, cierra un capítulo. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal transicional creado tras el Acuerdo de Paz de 2016 para juzgar los crímenes del conflicto armado, dictó su primera sentencia contra siete exintegrantes del último secretariado de esa organización. Al haber reconocido sus responsabilidades en el uso sistemático de ese delito, no pagarán cárcel: en su lugar, los magistrados los han sancionado a realizar sanciones restaurativas en los territorios, con labores como desminado humanitario, apoyo en la búsqueda de desaparecidos y proyectos de restauración ambiental. La duración de esa sanción es de ocho años.
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