El fallo del Consejo Nacional Electoral contra la campaña de Gustavo Petro por haber sobrepasado los topes legales de financiación es un golpe político y jurídico contra las aspiraciones de la izquierda a las elecciones del próximo semestre. La máxima autoridad electoral de Colombia determinó, después de una investigación de más de un año, que la campaña del actual presidente había gastado 5.300 millones de pesos más de los permitidos durante la primera y la segunda vuelta presidencial. Además, encontró el ingreso de dineros de personas jurídicas, algo prohibido en estas campañas, provenientes del sindicato de maestros Fecode, del sindicato del sector petrolero Unión Sindical Obrera y de la empresa Ingenial Media. Por eso, halló responsables al gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; a la auditora, María Lucy Soto; a la tesorera, Lucy Aidee Mogollón; y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP), por haber avalado la campaña y no hacer las verificaciones requeridas.
La decisión del CNE contra la campaña de Petro dificulta las apuestas electorales de la izquierda
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