Jineth Bedoya presentó ley con la que busca proteger a las mujeres periodistas víctimas de violencia de género

Esta ley es llamada ‘No es Hora de Callar’ y hace parte de las obligaciones del Estado por el caso de Jineth Bedoya ante la IDH

Este lunes, 9 de septiembre se presentó en el Congreso de la República la ley 2368 de 2024, la cual, hace parte de las medidas de reparación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), le ordenó al Estado colombiano por ser el responsable en los hechos de violencia que vivió la periodista Janeth Bedoya el 25 de mayo del 2000. Esta ley tiene como propósito proteger, prevenir y asistir a las mujeres que ejercen el periodismo que son víctimas de violencia de género.

Esta ley, brindará apoyo psicológico, jurídico y económico a las mujeres periodistas que hayan sido víctimas de violencia de género en el ejercicio de su profesión por medio de la financiación de programas de orden nacional, departamental y municipal.

Cortesía: Cancillería de Colombia

Además, estos recursos serán administrados por el Ministerio de la Igualdad y será reglamentada por el Gobierno Nacional, con la participación de la periodista Jineth Bedoya Lima y la Fundación para la Libertad de Prensa, (FLIP).

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Durante la presentación de esta ley, Jineth Bedoya expresó que

“Hoy hace 15 años, a esta hora, estaba abriendo una puerta a un camino doloroso que me trajo precisamente aquí, al Salón de la Constitución con ustedes. El 9 de septiembre de 2009, hable por primera vez públicamente frente a un auditorio extraño en Madrid de la barbarie que afronte el 25 de mayo del 2000 por ser mujer y por ser periodista”, señaló la periodista.

“No Es Hora De Callar» inicialmente fue una frase y hoy es una política de Estado, así que sí se puede, sí se puede transformar”, añadió.

La presentación de este fondo, marca un hito en el camino par la periodista Jineth Bedoya, quien fue victima de secuestro, tortura y violación mientras realizaba el ejercicio de su profesión en la Carcel La Modelo, en Bogotá.

Además, el Estado deberá presentar informes periódicos durante cinco años ante la Corte IDH.

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