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La Jurisdicción Especial Para La Paz (JEP) cerró este miércoles, 17 de diciembre, uno de los capítulos más fuertes sobre la violencia en el departamento con la audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad del Subcaso Antioquia (Caso 03), relacionado con ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”.
La jornada final puso fin a seis días de audiencias, tres en el municipio de Granada y tres en la capital antioqueña, con la participación de magistrados, comparecientes, víctimas y medios de comunicación.
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El primero momento tuvo lugar en Granada, los días 4, 5 y 6 de diciembre, y abordó los crímenes ocurridos en esa región entre 2002 y 2007.
La segunda parte se desarrolló en Medellín, entre el 15 y el 17 de diciembre, donde se examinaron los hechos perpetrados en el Valle de Aburrá, el occidente y el norte de Antioquia, entre 2004 y 2007.
Durante su último día, en el Auditorio Fundadores de la Universidad EAFIT, se reunieron ex miembros de cuatro unidades adscritas a la IV Brigada del Ejército Nacional: la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (AFEUR 5), el Batallón de Ingenieros No. 4 Pedro Nel Ospina (BIOSP), el Batallón de Infantería No. 10 Atanasio Girardot (BIGIR) y el Batallón de Infantería No. 32 Pedro Justo Berrío (BIPEB), los cuales comparecieron ante la JEP para narrar los crímenes cometidos durante esta época y contar la verdad sobre los “falsos positivos” en Antioquia.
Durante la audiencia se evidenció el modus operandi de estas unidades y cómo el Batallón de Infantería Atanasio Girardot y el Batallón de Infantería Pedro Justo Berrío se extendieron durante el departamento, ambos se ubicaron entre las 6 unidades militares que registran el mayor número de víctimas en este periodo, entre ambos batallones se suma un saldo de más de 100 personas asesinadas.
La magistrada Catalina Díaz, vicepresidenta de la Sala de Reconocimiento y relatora del Caso 03, afirmó que esta audiencia confirmó que los “falsos positivos” obedecieron a un patrón criminal de alcance nacional, impulsado por la política de “conteo de cuerpos” y por presiones sistemáticas dentro de la cadena de mando militar.
Las unidades militares eran calificadas según el número de bajas que eran incentivadas por días libres y condecoraciones, quienes incumplían esto, eran sometidos a humillaciones y castigos.
La JEP identificó que las unidades operaban bajo cuatro modalidades: asesinato de civiles, señalados arbitrariamente de pertenecer a grupos al margen de la ley, engaño a las víctimas con falsas ofertas y promesas de trabajo, asesinato de combatientes enemigos rendidos, heridos o capturados y finalmente asesinato oportunista de personas en circunstancias improvisadas o errores operacionales aprovechados para incrementar resultados.
El presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, recordó que este subcaso comprende 589 víctimas, de las cuales 228 fueron desaparecidas forzadamente y 41 torturadas. A la fecha, 99 personas continúan desaparecidas, aunque gracias al trabajo articulado entre la Fiscalía, Medicina Legal, la Unidad de Búsqueda y los aportes de los comparecientes, 13 víctimas han sido identificadas y entregadas dignamente a sus familias.
Ramelli indicó que la Sala de Reconocimiento imputó a 40 máximos responsables, vinculados a la Cuarta Brigada del Ejército y seis batallones. Mientras que los comandantes de brigada no aceptaron responsabilidad, siete de los once comandantes de batallón sí reconocieron su participación, lo que, según el magistrado, evidencia avances significativos frente a lo que había logrado la justicia ordinaria.
De acuerdo con la JEP, estos crímenes fueron cometidos por miembros de la Fuerza Pública en alianza con estructuras paramilitares, como el Bloque Metro, el Bloque Héroes de Granada y el Bloque Cacique Nutibara.
Las víctimas tuvieron un papel central durante la audiencia. Con valentía, interpelaron a los comparecientes y exigieron verdad. En algunos casos, se presentaron actos espontáneos de perdón, que la JEP aclaró no promueve ni condiciona, pero que evidencian la complejidad emocional del proceso.
Uno de los momentos más conmovedores fue la entrega digna de restos de personas desaparecidas, entre ellos el caso de Pedro Alexander, un joven asesinado en el Oriente antioqueño y presentado falsamente como baja en combate. Su hija, que nunca conoció a su padre, calificó el acto como “un hecho de justicia”.
En lo jurídico, la Sala de Reconocimiento evaluará ahora las intervenciones de los comparecientes y, si concluye que hubo un reconocimiento pleno de verdad y responsabilidad, remitirá el caso a la Sección de Reconocimiento para la eventual imposición de sanciones restaurativas. En contraste, quienes no aceptaron cargos, entre ellos varios altos mandos militares, serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
Con el cierre de esta audiencia, la JEP afirmó que se avanzó significativamente en la reparación de víctimas en Antioquia, donde se concentra cerca del 25 % de los falsos positivos documentados en el país. Es de anotar que en total la JEP ha esclarecido 2.400 casos.
Durante una audiencia del Subcaso Antioquia del Caso 03 ante la JEP, la Fundación Forjando Futuros reiteró la necesidad de que los comparecientes entreguen un esclarecimiento completo, detallado y verificable de los crímenes investigados. La organización advirtió que, hasta ahora, la verdad aportada sigue siendo fragmentaria, especialmente en lo relacionado con los hechos de tortura, y señaló que persiste una tendencia a evadir responsabilidades concretas.
La intervención fue realizada por Jahson Andrey Taborda Casas, coordinador jurídico de la Fundación, en representación de las víctimas que acompaña. Allí, cuestionó que varios comparecientes reconozcan los hechos únicamente desde la omisión, negando la existencia de órdenes o decisiones específicas, pese a aceptar que los crímenes ocurrieron. Para las víctimas, este tipo de relatos diluye las responsabilidades individuales y colectivas y deja sin respuesta preguntas clave sobre quiénes actuaron, quiénes dieron las órdenes y cómo funcionaron las estructuras.
“Como representantes de las víctimas debemos insistir con claridad y vehemencia que el asesinato fue sin duda el daño más visible, cierto, y tangible, por supuesto, pero no fue el único. Sus acciones desencadenaron una multiplicidad de daños profundos y persistentes al día de hoy”, expresó Taborda Casas.
La Fundación también pidió que los compromisos de esclarecimiento asumidos en encuentros restaurativos previos sean informados formalmente a la Magistratura y se hagan exigibles dentro del régimen de condicionalidad, para evitar nuevas dilaciones.
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