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No hubo más largas. Después de meses de expectativa, aplazamientos, recusaciones de toda índole y una revisión minuciosa del expediente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) finalmente se pronunció y adoptó una decisión unánime: investigará a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro por presunta violación de topes electorales.
La determinación fue tajante: siete de los nueve integrantes de la Corporación dieron vía libre a la ponencia realizada por los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), y resolvieron –por abrumadora mayoría– abrir investigación y formular cargos a la campaña por supuestamente volarse los topes entre primera y segunda vuelta en más de $5.355 millones.
Según la autoridad electoral, como representantes de la campaña deberán responder: el candidato y ahora presidente Gustavo Petro; el entonces gerente, Ricardo Roa (hoy presidente de Ecopetrol); la tesorera, Lucy Aydee Mogollón; los auditores, Maria Lucy Soto y Juan Carlos Lemus; y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP), responsables de la auditoría y presentación de los informes de ingresos y gastos.
Conocida la determinación, el presidente Gustavo Petro no tardó en reaccionar y, al señalar sin más que “ha comenzado el golpe de Estado”, instó a “todas las organizaciones populares” del país a entrar en asamblea permanente. “La hora de la movilización generalizada del pueblo colombiano ha llegado”.
Si bien el mandatario ordenó a la Fuerza Pública “no levantar un solo arma contra el pueblo”, convocó al cuerpo diplomático para que, en una reunión en pleno, explique “al mundo el por qué lo que ha hecho por mayoría el CNE es un golpe contra el fuero integral del presidente y contra el voto popular y la ley”.
Sin embargo, contrario a la diatriba del mandatario, lo cierto es que la investigación del CNE no implica que el presidente sea apartado de su cargo. Esa facultad, como ratificó el Consejo de Estado en fallos recientes, sigue siendo potestad del Congreso de la República.
De hecho, la máxima sanción a la que se enfrenta la campaña es una multa o la devolución de la reposición de los votos, en la medida en que el proceso es administrativo y no penal o disciplinario. Eso sí, en caso de que se comprueben las supuestas irregularidades, el CNE puede remitir el caso a la Comisión de Acusación de la Cámara que, tras un largo e inédito proceso, podría someter al primer mandatario a juicio político.
Con todo, el proceso hasta ahora arranca. El CNE lo que hizo en la sala plena de este martes fue aprobar el inicio formal de la investigación. A partir de ahora, lo que viene es un largo proceso que, en el mejor de los casos, podría resolverse en junio de 2025, es decir en más de ocho meses y a poco más de un año para que el jefe de Estado concluya su mandato.
De acuerdo con la ley, en primer lugar, vendrá la presentación de descargos por parte de los investigados, que tienen 15 días de plazo una vez notificados, es decir, a finales de octubre. Posteriormente, vendrá la práctica de pruebas: el CNE tiene tres meses para esa tarea, que concluiría en febrero. Con todo, hay posibilidad de que esa práctica de pruebas se prorrogue otros dos meses, hasta principios de abril.
Luego, vendrán los alegatos de conclusión (que deberán ser presentados a finales de abril) y a partir de entonces el despacho del ponente del caso tendrá dos meses para resolver, que concluiría a finales de junio. En caso de que la campaña sea declarada culpable, aún la defensa tiene la posibilidad de interponer una demanda ante el Consejo de Estado solicitando nulidad de dicha decisión. Ello le daría más largas al caso.
“Con los tiempos y las herramientas que tiene la defensa del presidente, es muy probable que el país conozca la verdad sobre la campaña luego del 2026, cuando el presidente termine su mandato”, afirmó recientemente a este diario el abogado Hollman Ibáñez, experto en derecho electoral.
A su turno, el abogado Iván Cancino –aunque es crítico del Ejecutivo y ha librado casos en contra de adversarios del hoy presidente–, reclamó que se viola la Constitución y que el CNE no puede investigar a Petro: “la única autoridad que puede investigar al presidente en ejercicio es la Comisión de Acusaciones”.
En medio de la avalancha de reacciones, el senador Humberto de la Calle negó que detrás del proceso haya un golpe blando. “Muchos presidentes han sido investigados sin que hubiera aflorado esa queja. Si no fuese así, estaríamos en el contrasentido de que las investigaciones serían solo para las campañas perdedoras”.
Además, el profesor Moisés Wasserman recordó que “la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado determinó que el CNE sí es competente para investigar el financiamiento de la última campaña presidencial”, mientras que el dirigente Carlos Alonso Lucio se mofó de una reciente declaración de Petro, quien dijo que “una forma de estudiar derecho” es haber estudiado en la Universidad Externado: “Petro aprendió tanto derecho en el Externado que confunde golpe de Estado con cumplimiento de la Constitución”.
Las pruebas
Si bien en las cuentas oficiales la campaña reportó que por concepto de transporte hubo gastos por $4.155 millones en primera vuelta, y $1.330 millones en segunda vuelta, otra es la conclusión de los investigadores. Según quedó consignado en el expediente de 350 páginas en poder de este diario, la campaña excedió presuntamente los topes al contratar los servicios de la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI).
En primera vuelta, se habrían violado los topes por $1.249 millones, y en segunda vuelta por $962 millones. Al parecer, para tratar de encubrir las aparentes irregularidades, la campaña habría manipulado las facturas de SADI.
En la ponencia quedó consignado, por ejemplo, cómo una factura fue modificada en tres oportunidades, y se pasó de un registro de $4.014 millones pagados a SADI por vuelos en primera vuelta a $2.270 millones. “Se evidencia una disminución de las horas de vuelo y eliminación de conceptos inicialmente causados”, se lee en el texto.
Incluso, se advierte que se habrían hecho pagos a una compañía que parecía diferente a SADI, Strategic Business Aviation, pero que en realidad era la misma empresa con un nombre posterior.
Otro de los indicios clave son los servicios de propaganda electoral que contrató la campaña con Caracol Televisión, que fueron emitidos en página web y otros medios del canal del 2 al 23 de mayo de 2022 “Se logra determinar por la Sala, que la factura pertenece a las actividades propias de la campaña presidencial de primera vuelta, hecho económico que ascendió a $356.102.872 y que se omitió reportar”.
En este contexto aparecen además los aportes no registrados de $500 millones por parte del Polo Democrático y otros $500 millones por parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) que, argumenta la campaña, estaban destinados a la Colombia Humana, con todo y que actas de las directivas de esa agremiación evidencian que su destino era la campaña Petro.
Además, aportes no registrados de la Unión Sindical Obrera (USO) por $121.544.00 en primera vuelta y $379.019.511 en segunda vuelta. En este contexto, se cuenta también el supuesto alquiler no reportado del Movistar Arena por encima de los $100 millones.
Por último, se llama la atención por omisión de pagos a testigos electorales en primera vuelta por $931.290.000 y en segunda vuelta por $177.680.000. Se trata de personas contratadas por la campaña para acudir a los principales centros de votación validando el reconteo y la revisión de los formularios en las mesas electorales.
Al parecer, el responsable de la organización y el pago de los testigos fue el catalán Xavier Vendrell en una relación directa con la empresa Ingenial Media. Por estos hechos, también se alerta por presuntas violaciones en los topes de $202.471.731 en primera vuelta.
La evaluación de todas estas pruebas e indicios será el paso a seguir antes de tomar cualquier determinación. En el entretanto, no se descarta que Petro arrecie en su discurso del golpe blando. Su Gobierno recién lanzó las bases del mentado acuerdo nacional, ¿sí se concretará en medio de la pugnacidad?
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