Intervención de Air-e no resuelve los problemas del servicio de energía en la costa Caribe: gremios del sector eléctrico

Tras la medida de intervención tomada por el Gobierno sobre la empresa de distribución y comercialización Air-e, los gremios del sector eléctrico y de los servicios públicos del país plantearon una serie de observaciones acerca de los mecanismos que se deben implementar, para que el proceso sea positivo.

En un comunicado Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis y Ser Colombia expresaron que la toma de posesión de una empresa de servicios públicos es una acción de último recurso, de carácter excepcional, cuya finalidad es garantizar la continuidad y calidad de los servicios públicos esenciales.

“Sin embargo, esta medida no debe considerarse como una solución automática o definitiva para los problemas identificados en la prestación del servicio en la región Caribe, por lo que es de suma importancia encontrar soluciones estructurales que resuelvan de raíz las problemáticas presentadas desde años atrás”, se lee en el texto.

Las agremiaciones mencionaron que la decisión de intervenir una empresa debe estar sustentada en un análisis riguroso de las causales que la justifican, y su implementación debe ser eficaz, enfocada en asegurar el suministro de energía eléctrica en la región y en la recuperación de los prestadores. Además, es imprescindible que este proceso se lleve a cabo de manera ordenada, respetando el debido proceso y minimizando el impacto sobre los usuarios, así como sobre los demás actores del sector eléctrico.

“Es fundamental, en este sentido, mitigar el riesgo de un efecto en cadena que pueda generar una crisis sistémica en el sector. Cabe resaltar que los actores del sector operan bajo la normativa vigente y de acuerdo con las condiciones del mercado mayorista de energía, estando sujetos a la vigilancia y control del Gobierno Nacional, a través principalmente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Por lo tanto, es crucial evitar emitir juicios sin contar con las pruebas suficientes, las cuales, de ser pertinentes, deben ser contrastadas y presentadas ante las autoridades competentes”, se anotó en otro apartado del documento.

Los gremios repasaron las medidas que han promoviendo para la atención de la situación observada en la costa Caribe y que consideran necesario implementar para evitar la repetición o agravamiento de situaciones como las que viven los usuarios de esa parte del país.

Del listado hace parte el pago oportuno de subsidios, pues es esencial que el Gobierno Nacional cumpla con la obligación legal de pagar oportunamente los subsidios dirigidos a los usuarios de energía eléctrica y gas natural de los estratos 1, 2 y 3, los cuales han sido aplicados y financiados por las empresas comercializadoras de energía.

Asimismo, dicen que es necesario que el Gobierno Nacional asegure la entrega de los recursos comprometidos para cubrir la deuda de la opción tarifaria y garantice la subrogación de dicha deuda a las empresas comercializadoras. Esto debe definirse de manera ágil en una ley única independiente que no esté supeditada a la aprobación de otras normas como una nueva reforma tributaria. Además, aseguran que debe extenderse a los usuarios de gas natural.

Los gremios señalaron que se deben asignar nuevos recursos del Presupuesto General de la Nación para cubrir las pérdidas adicionales aprobadas a las empresas que operan en la región Caribe, lo que permitirá evidenciar una reducción de tarifa a los usuarios y mejorar el flujo de caja de las empresas.

“Es fundamental que los gobiernos locales y regionales garanticen el pago de la deuda que tienen con las empresas de energía por la prestación de este servicio a instalaciones oficiales como hospitales, centros educativos, entre otros. Para las empresas Afinia y Air-e estas deudas ascienden a $370 mil millones”, se agregó.

La enumeración de los gremios sugiere la revisión de los conceptos adicionales de la factura, o sea realizar la revisión de los montos de los impuestos municipales y departamentales que se vienen cargando en las facturas de energía como lo son el impuesto de alumbrado público y los impuestos de seguridad, que para la región Caribe llegan a representar el 30% del valor total de la factura.

Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis y Ser Colombia abogaron por promover la entrada en operación de nuevos proyectos de generación de energía, así como destrabar el desarrollo de los que actualmente tienen obligaciones asignadas, con las condiciones e incentivos adecuados, para aumentar la oferta y así garantizar mejores precios en el mercado.

Insistieron en que la medida de intervención debe asegurar el normal funcionamiento de la operación de Air-e, lo que incluye que se garantice el pago de los compromisos de la empresa, tanto con los demás agentes del mercado mayorista de energía, como con todos los demás prestadores de bienes y servicios de la compañía.