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La Fiscalía General de la Nación dio un nuevo golpe al patrimonio de las estructuras delictivas que operan en el Valle de Aburrá, al imponer medidas cautelares de extinción de dominio a 18 bienes que, según la investigación, habrían servido a las bandas criminales conocidas como La Oficina y Caicedo.
Entre los activos afectados, con un valor comercial que supera los 3.460 millones de pesos, están 15 inmuebles —entre apartamentos, parqueaderos y un lote rural— ubicados en Medellín, Envigado, Sabaneta y El Retiro, así como tres vehículos presuntamente usados para la logística y actividades delictivas de estas organizaciones.
De acuerdo con la Fiscalía, los elementos materiales probatorios recopilados permiten inferir que estos bienes habrían sido adquiridos con recursos derivados de actividades ilícitas como el tráfico de estupefacientes, el cobro de extorsiones, homicidios selectivos, desplazamientos forzados y concierto para delinquir.
La investigación también determinó que varios de los inmuebles y vehículos estaban registrados a nombre de familiares y personas cercanas a dos presuntos cabecillas de las bandas, con el aparente propósito de ocultar el origen de estos activos y dificultar su rastreo por parte de las autoridades.
Frente a estos hallazgos, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ordenó la suspensión del poder dispositivo, el embargo y el secuestro de los bienes, en un esfuerzo por desarticular la capacidad financiera de estas redes criminales.
Este procedimiento jurídico, que busca separar a los grupos criminales de los bienes usados para sostener su operación ilegal, representa uno de los esfuerzos más recientes del Estado por debilitar las finanzas y logística de organizaciones que han impactado la seguridad en Antioquia.
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