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A pesar de las críticas que se mantienen desde distintos sectores frente al impuesto de seguridad en Antioquia, la administración departamental entregó un reciente balance en el que afirmó que el proceso de recaudo avanza de manera positiva, aunque con algunas dificultades.
Según lo expresó el gobernador Andrés Julián Rendón, se estima que el primer pico de recaudo culmine con una cifra cercana a los 40.000 millones de pesos. No obstante, reconoció que el año cerrará con rezagos debido a complicaciones en el suministro de información por parte de algunos comercializadores de energía.
Este tributo se factura con base en el consumo del servicio de energía eléctrica, y aplica para usuarios comerciales y residenciales de estratos 4, 5 y 6 en todo el departamento.
«Nos enviaron cerca de 100.000 datos erróneos, de 500.000 que había que facturarles. Cuando usted va a facturar 500.000 facturas y un 20% de ellas tiene errores, entonces ahí hay una dificultad mayor, pero eso lo hemos ido superando», explicó el mandatario.
El rezago en el recaudo ha sido uno de los argumentos presentados por la Gobernación para solicitar ante la Asamblea Departamental vigencias futuras por 176.000 millones de pesos. Esta suma corresponde a cerca del 15% del total estimado a recaudar hasta finales de 2027.
Con estos recursos, la administración pretende adelantar la construcción y mejoramiento de placas polideportivas en diferentes zonas del departamento, con el objetivo de fortalecer el deporte, promover la convivencia y prevenir situaciones delictivas.
Sin embargo, persisten las preocupaciones frente a la creciente inseguridad que se vive en varias subregiones de Antioquia. A pesar del anuncio de inversiones y estrategias de prevención, aún no se evidencian medidas contundentes que logren frenar los homicidios, las extorsiones y otros delitos que afectan a comunidades urbanas y rurales. La ciudadanía sigue a la espera de respuestas más efectivas por parte del gobierno departamental.
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