“Hay muchos actores del conflicto que necesitan un tribunal de cierre”: magistrado Vidal

En las últimas semanas la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha tenido mucho movimiento en Antioquia: se terminó la primera parte de la intervención en Dabeiba, donde se encontró una gran fosa con cuerpos de campesinos presentados como guerrilleros dados de baja en combate, y se empezaron trabajos de excavación en La Escombrera, el botadero de basura que los paramilitares (según testimonios de combatientes y víctimas) usaron para desaparecer a sus víctimas. Hablamos con el presidente de la JEP, magistrado Roberto Carlos Vidal López, sobre la agenda que ahora tienen en la ciudad y el departamento.

¿Cómo sucedió la reapertura de excavaciones en La Escombrera?

“Llegamos a La Escombrera por las medidas cautelares que hicieron nuestros colegas de la sección de Ausencia de Reconocimiento. Estos colegas, con un muy buen juicio jurídico, utilizaron una herramienta vieja que eran las medidas cautelares, que le permiten al juez proteger personas, pruebas, que sean claves para los procesos o para las investigaciones que tiene el tribunal. Este era un clamor de las organizaciones de víctimas de Medellín y de Antioquia, que hay que decirlo bien, no refiere solo a La Escombrera, sino a muchos lugares donde las víctimas nos han dicho que tienen información fiable de que hubo inhumaciones en medio del conflicto, por ejemplo, el Cementerio Universal, para no salir de Medellín. En el caso de La Escombrera abrimos un diálogo fuerte con la Alcaldía de Medellín, que es la autoridad inmediatamente responsable del tema, y lo que se ha llegado es a un diálogo muy constructivo. Cuando Federico Gutiérrez entró, firmamos un acuerdo que veníamos gestionando, él dijo: ‘A mí esto me interesa’. Fue un acuerdo con Gutiérrez y con el gobernador Andrés Julián Rendón. Ellos han honrado estos compromisos. El alcalde hizo unas obras para proteger el terreno, sobre todo por el tema de las filtraciones; avanzaron en construir unas locaciones para que las víctimas pudieran estar ahí, siguiendo el trabajo de excavación”.

Esa excavación ya tiene un antecedente, justo se hizo en la alcaldía de Aníbal Gaviria, ¿esta vez tendrán éxito?

“Hay una prospección, sobre todo hecho por la entidad especializada, que es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, de que hay unas posibilidades de encontrar cuerpos, pero son limitadas. Pero le reitero, justamente ese es el gesto, se trata de una respuesta a las víctimas y eso para nosotros tiene todo el sentido, porque es que las víctimas de Medellín y sus organizaciones están diciendo ‘nosotros necesitamos que ustedes hagan esa búsqueda’, y estamos respondiendo. Eso es un poco, si quiere, parte también de la justicia material para la justicia simbólica que estamos haciendo. Ellos necesitan despejar esa incertidumbre. Ahora bien, esto no es ilimitado, habrá un momento de mirar hasta dónde llegamos”.

¿Entonces en esta segunda alcaldía de Federico Gutiérrez, a diferencia de la primera, si hay apertura a la reparación a víctimas?

“Creo que hay como una revisión de posiciones, lo que nos transmite el alcalde es una apertura muy grande a estos temas, él le da un lugar en la agenda, y esto va mucho más allá de La Escombrera, el acuerdo que estamos haciendo es de un trabajo intensísimo con la Secretaría de Paz y Derechos Humanos. Hay compromiso total, apertura total de la institucionalidad, de la Alcaldía, para procesos de participación; he encontrado a un alcalde que le interesa el tema, yo no conozco la historia de la primera alcaldía, pero hoy estamos ante esta situación de compromiso”.

Ya cerraron la primera fase de atención en Dabeiba, donde encontraron decenas de cuerpos de víctimas de falsos positivos, ¿cuál es el balance?

“La primera fase era el proyecto exploratorio con dos componentes principales, prevención, accidentes e incidentes con minas antipersonales, víctimas, heridos o siempre mutiladas o muertos o de fuerza pública o de población civil o de integrantes también de grupos, se trata de una educación del riesgo de minas; el otro componente era atención a víctimas, acercamiento para atenderlas, fue muy duro empezar, porque había muchas dificultades operativas de relacionamiento, de falta de credibilidad, que eso fuera posible, pero fue avanzando y terminó bastante bien. Por ejemplo, logramos que exintegrantes de las Farc que habían instalado minas se dieran cuenta del daño causado. Ahí hay un efecto restaurativo muy poderoso. Es que los comandantes daban órdenes en políticas grandes del secretariado: estrategias de guerra, dinámicas de guerra, pero ellos nunca, al menos en el espacio judicial, mediado por una decisión judicial, habían hablado con las víctimas. Entonces, entendieron ese daño e hicieron procesos de capacitación en escuelas, en hospitales”.

Lo que usted cuenta parece el paso definitivo de la recopilación de la memoria del conflicto armado a los procesos de reconciliación.

“Nosotros pensamos que esto es una memoria viva. Cada vez somos más conscientes de que este proceso tiene que abrirle a la gente un puente para que salga del conflicto, pero que salga de verdad. Es decir, que usted deje de ser víctima y vaya a otro lugar. Siempre nos preguntamos cómo se le puede ayudar a la víctima, que pueda tener proyectos económicos, pero también lo pensamos con el victimario. Que estos señores de las Farc tengan una vida digna. Todo el mundo necesita salir del conflicto y salir de las identidades del conflicto, porque parece que no salen de ese círculo: víctima-victimario, víctima-guerrillero. Hay es que salir de la guerra, esta no es una memoria para regodearnos en el dolor, sino una memoria para salir de allá, una memoria generativa, una memoria que produzca”.

La JEP da nuevas oportunidades...

“Les hemos aprendido a las iglesias. Es que estos procesos no tienen éxito si realmente no logra tocar el dolor, tocar la frustración, el daño al proyecto de vida, no tiene sentido si no se sanan las heridas y se da la posibilidad de reabrir nuevos procesos”.

Cambiemos un poco de tema. Hace unas semanas el presidente de la Corte Suprema estuvo un poco molesto con la JEP por los postulados que llegan desde Justicia y Paz, ¿cómo los tomó?

“Pues nosotros tenemos un marco de diálogo muy fluido con el Poder Judicial, particularmente con la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. Ahora, este tema de los paramilitares que entran a la jurisdicción con ocasión de los nuevos casos que hemos abierto sobre vínculos entre la fuerza pública, grupos paramilitares y terceros, se explica en que nuestra competencia es adicional y distinta a la que tiene Justicia y Paz, porque Justicia y Paz no podía investigar ni a militares ni a terceros, solo paramilitares que firmaron el acuerdo con el gobierno, nadie más. Nosotros tenemos una competencia más amplia. Para esa competencia necesitamos la información y por eso tomamos las medidas. Eso llevó al conflicto de competencias. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cuál es el alcance? Porque no es solo que venga Mancuso, no. Detrás de cada uno de esos paramilitares hay decenas de miles de víctimas, hay procesos de reparación individual, además hay una cantidad de sentencias, y un trabajo que nosotros a Justicia y Paz se lo reconocemos inmensamente. Pero el conflicto se trabó y entonces en este momento estamos esperando una decisión de la Corte Constitucional que, por supuesto, va a resolver el asunto y va a dirimir el tema de quién puede investigar qué. Lo que entiendo de lo expresado por el magistrado Chaverra es que siente que se reescribe el trabajo que ellos han hecho. Pero no, de ninguna manera desconocemos el trabajo de ellos, nuestra sección de apelaciones llamó un grupo de gente que es bisagra, que actuó en connivencia con la fuerza pública; tenemos estimado que necesitamos hablar con 20 líderes paramilitares solamente”.

¿Y ellos qué van a recibir por dar su testimonio?

“Hay un asunto que los mismos jefes paramilitares han puesto sobre la mesa y que el presidente Petro también le pone nombre, hablo de los tribunales de cierre; hay una cantidad de actores en Colombia, no solo los paramilitares, que necesitan un tribunal de cierre. Se trata de saldar la deuda con la justicia. Por ejemplo, hay una cantidad de gente de los gremios agrarios que tienen fincas paradas porque están metidas en procesos judiciales, que llevan 17 años investigados en Justicia y Paz, pero la cosa no avanza y están buscando que avance. O sea, ¿qué quieren ellos? Opa, ciérreme esta vaina ya. Es más, toda esta gente de Justicia y Paz ya pagó sus penas. Pero a pesar de que pagaron sus penas, llevan 17 años en audiencia, es gente que va 4 o 5 días de la semana, 8 horas al día, a una audiencia y entonces dicen eso es como una cadena perpetua. Entonces, parte de lo que están buscando con nosotros es un cierre. Y además que no son nuevos delitos, sino delitos de la época. Entonces hay grupos de políticos, de gente en los sectores políticos, diciendo que se arme un tribunal de cierre que ya ponga final a esto, porque todos estamos empapelados en un conflicto en el que mucha gente estuvo muy vinculada, es ese es un lío real y es un desafío para la justicia, pero el tema es que eso no lo define la justicia, es una decisión del Congreso y de un planteamiento del Gobierno”.

Pero hablando de lo que dice el presidente Petro, hay que mencionar que él los ha atacado porque ustedes no le paran bolas a la paz total...

“Esto lo puedo explicar con una metáfora. La JEP es un Renault 4 y lo quieren cargar como si fuera un doble troque, nosotros lo que decimos es que esto no está diseñado para jalar tanto peso. O sea, si nosotros jalamos eso con este carro, se revienta. Eso es lo que hemos dicho. Ni la JEP ni Justicia y Paz, o sea, los mecanismos de justicia transicional que hay hoy, primero no es nuestra decisión absorberlos a ellos, pero no estamos diseñados para absorberlos. Pero eso no le puede hacer a uno desconocer, esa es la primera respuesta, que no somos competentes, póngalo en derecho, no somos competentes, entonces ¿qué? Nos tendrían que habilitar una competencia, y eso lo haría el congreso, por el tipo de reforma que quieran, pero en el caso de la JEP se trataría de una reforma constitucional, porque la JEP está constitucionalizada, que eso nos ha protegido también. También hemos dicho que, además de que no tenemos competencia para atender a las disidencias o al ELN, nos tendrían que poner el tamaño para eso, habría que redimensionarlo. Ahora hay grupos ilegales que están entrando en procesos diversos de sometimiento y que están haciendo unas demandas de justicia transicional, y esa petición está en la cancha del gobierno. La demanda de justicia transicional es tan grande que aquí va a tener que generarse un sistema más estructural para solucionar eso. ¿En qué hay consenso? En que es imposible que le sigan creando un tribunal a cada caso”.

Pero el diálogo con disidencias, ELN y bandas es extraño, porque algunos de ellos piden acogimiento a la justicia, que se parece al perdón social del que habló Petro en campaña...

“Lo primero que hay que aclarar es que hay que respetar los estándares, el resto es carreta, no puede haber impunidad. Y si pensamos en estándares, hay que pensar en una reforma a la justicia, como lo propuso el exministro Osuna. A la justicia nosotros llevamos una propuesta. Le dijimos, ‘hombre, ¿por qué no pensamos, más allá de este o aquel tribunal, en un sistema de justicia transicional que pueda acoger una serie de actores en el futuro, pero que más que una entidad separada, aproveche todo lo que tenemos, lo integre’.

¿Qué es lo que sabemos hoy? Que la Fiscalía es muy buena investigando, la fiscalía de Justicia y Paz en su mejor momento tuvo 800 fiscales, porque la fiscalía tiene 28.000 funcionarios, entonces para un fiscal es fácil decir que le va a poner mil fiscales a este proyecto. Pensemos que la JEP tiene 1.400 funcionarios en total, no podemos asumir más de lo que tenemos. Es decir, y ya lo hemos hablado con la Fiscal General de la Nación, usted en un futuro podría tener un rol muy importante de investigación y rehacer esos equipos que existieron en el pasado, la unidad de contexto, los fiscales delegados ante justicia y paz. Entonces ahí podríamos agarrar procesos de paz en un futuro y eso se resuelve en muy poco tiempo con esa cantidad de gente. Eso ya ha pasado. Entonces, un sistema en el futuro hemos dicho que debe tener una participación de la Fiscalía General de la Nación.

Dos, un tema que tan difícil ha sido para nosotros, la amnistía y la definición de situación jurídica. En toda esa gente hay que concentrarse en juzgar a los importantes y el resto, sáquelos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Por ejemplo, en la JEP, antes de que se creara la JEP, asignaron 100 jueces municipales para que resolvieran las amnistías y avanzaron un montón en un año. Claro, si usted tiene 32.000 jueces, usted puede asignar 500 para que hagan amnistía de un grupo, entonces, ¿qué hemos dicho? Aquí debía tener un papel el judicial.

En últimas cuál es la propuesta de la JEP, que hay que inventarse un sistema amplio de justicia transicional, que es responsabilidad del Gobierno y luego del Congreso; nosotros estamos listos para entregarles lo que sabemos hacer, como esto que les estoy contando, la caja de herramientas está ahí, pero la invitación es bajémonos del creacionismo y sumémonos al reciclaje”.

¿Esta idea la ha conversado con el Gobierno?

“Esto lo hablamos hace un año, lo hemos hablado con la Fiscal General de la Nación. Ellos sí lo tienen en la cabeza, pero es una obligación del Ejecutivo, nosotros somos respetuosos de su competencia. Aquí tenemos una gran experiencia que empezó con Justicia y Paz y ahora la lleva la JEP, que se ha convertido en un modelo observado por el mundo. Fuimos mencionados en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde se dijo que la historia de la justicia transicional pasaba por los Yugoslavia y Ruanda y seguía en Colombia. La gente que está haciendo negociaciones en el mundo viene a consultarnos para saber cómo lo estamos haciendo”.

¿Cuáles son las prioridades de la JEP ahora?

“Nosotros venimos de un proceso de planeación muy intenso que tiene una base y es la estricta temporalidad de la JEP. Eso es clave. De hecho, el lío que está teniendo Justicia y Paz es la prórroga. Ya van en 17 años. La JEP está diseñada para en 15 años terminar su trabajo. Nuestras investigaciones tienen que terminar en dos años, luego vienen unas fases de juicio que duran 3 o 4 años. Y ya con el cumplimiento de esas sanciones, se acabó la JEP, la JEP está diseñada para cerrarse, porque los tribunales transicionales son limitados, entonces nuestra prioridad es cumplir, esa es la obsesión en la JEP, nuestra estricta temporalidad, todo enfilado hacia allá. Ya se ha terminado la primera fase de casos, ya produjo investigaciones, estamos en fases de juicio, tenemos ya cuatro juicios abiertos y entonces la siguiente es producir las sentencias de esos juicios, que ya están muy próximas, esto es cumplir nuestra función”.