Gremio de la infraestructura denunció que contrato para intercambio vial de Itagüí se firmó hace 9 meses y las obras no arrancan

Nuevamente, como lo ha hecho desde el año pasado, la Cámara Colombiana de Infraestructura alertó nuevamente sobre la cadena de presuntas irregularidades que rodean el proyecto del intercambio vial a desnivel en la calle 31 con la autopista Sur, en el sector de Fábricas Unidas.

La CCI advirtió que aunque el contrato se firmó hace ya nueve meses, ni siquiera se ha definido la interventoría y las obras no comienzan. El gremio de la infraestructura también recordó todos los tropiezos que ha tenido el proyecto en su proceso de contratación, según señaló, por la falta de planeación del contratante Adeli, “el cual desde el inicio limitó la participación de empresas de ingeniería con gran experiencia y capacidad técnica para hacer este tipo de obras, restándole transparencia al proceso”. El presidente de la CCI, José Fernando Villegas, señaló que la interventoría había sido contratada hace dos años, pero luego extrañamente volvieron a abrir un nuevo proceso, por lo que el adjudicatario inicial puso una tutela y frenó ese proceso.

Cabe recordar que ya varias empresas del gremio habían alertado las presuntas maniobras de Adeli para direccionar el contrato, descartando oferentes con medidas cuestionables. “Se les ocurrió poner un requisito exótico y difícil de cumplir y es que todo el equipo técnico debía estar presente en la visita; así descabezaron a tres firmas con gran trayectoria como Conconcreto, Provías y Gisaico, quedando solo una empresa costeña a la que no conocemos”, expresó una fuente a EL COLOMBIANO a finales del año pasado. A juicio de la agremiación, esto muestra que hubo un proceso sesgado que va en contra de los principios de la contratación.

También llamó la atención nuevamente por el plazo estimado para la construcción y finalización de la obra, que a juicio de la CCI es “exagerado e inconveniente” y según señalan afectará gravemente la movilidad del principal corredor del Valle de Aburrá, lo que se traduce en malestar para la comunidad y altos costos administrativos.

El gremio advirtió a la ciudadanía que Adeli exigió al contratista como experiencia general, la construcción de urbanismo o espacio público (baja complejidad), muy diferente al objeto principal del contrato que consiste en la construcción de un intercambio a desnivel (alta complejidad).

“La CCI evidenció grandes diferencias entre los precios de las actividades principales del contrato, como concreto, acero, excavaciones y estructura de pavimento, y los precios de referencia del Invías; desfase que oscila entre el 31% y el 140%”, manifestó el gremio.

Para la Cámara también es preocupante que proceso esté a cargo de una Empresa Industrial y Comercial del Estado, “que infortunadamente no se rige por el Estatuto General de la Contratación. El proceso en mención solo tuvo un único oferente”.

Pero no solo eso es lo preocupante, sino el estado financiero de Adeli. La entidad es investigada por la Contraloría General de la Nación porque se habría convertido en especie de una “fábrica de contratos” que se entregan de manera directa y no por licitación, con lo que burlarían así los principios de la contratación estatal que privilegia las licitaciones.

A raíz de los inconvenientes en torno a esta obra, en los que también ha estado involucrada Invías, Villegas señaló que aunque históricamente dicha entidad siempre ha tenido manejos poco técnicos, en estos dos años se han incrementado los problemas del sector de la infraestructura con el Gobierno Nacional, entre otras razones, por la rotación de directores, por los cargos interinos y la llegada de gente que no toma decisiones. En el caso concreto de este corredor, Villegas manifestó que al hacer parte un tramo de la vía 25, que es de carácter nacional, entra a tener competencia Invías con lo que se ha desatado un conflicto de competencias que, a su juicio, debería resolverse para que sea el Área Metropolitana la doliente de la misma.

Wilfredo Madrigal, secretario de Infraestructura del municipio, le manifestó a Teleantioquia aunque son respetuosos de las opiniones de los gremios considera que el proceso de contratación se ajustó a los parámetros de la ley y se enmarcó bajo la lo que dicta la ley 80, calificando al consorcio al que le adjudicaron el contrato por más de $85.000 millones como uno con “la experiencia necesaria”. Villegas cuestionó nuevamente lo de la presunta experiencia pues, tal como lo había manifestado previamente, Adeli cambió la exigencia de experiencia que no se ajusta con lo que implica una obra de alta complejidad como lo es un intercambio vial con todas sus conexiones.

Madrigal también aseguró que en los próximos días se finiquite el proceso de interventoría para poder dar iniciar con las obras.