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El exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá habría autorizado contratos sin estudios de mercado
La Fiscalía General de la Nación señaló al exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Juan David Palacio, como una pieza clave dentro del presunto esquema de corrupción que habría operado entre los años 2020 y 2023 mediante la firma de seis contratos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por más de 18.600 millones de pesos.
De acuerdo con la imputación presentada ante un juez de control de garantías, el exfuncionario habría permitido y facilitado la adjudicación reiterada de los contratos bajo la modalidad de contratación directa, sin que existieran los estudios técnicos y de mercado exigidos por la ley para justificar los valores pactados y la exclusividad del proveedor.
El ente acusador sostuvo que Palacio tenía la obligación legal de ejercer control y vigilancia sobre los procesos contractuales adelantados por sus subalternos, en especial por las subdirecciones ambientales, pero presuntamente omitió estas funciones, lo que permitió que los recursos públicos fueran comprometidos sin los filtros administrativos correspondientes.
Uno de los aspectos más graves señalados por la Fiscalía es que el exdirector habría autorizado vigencias futuras para respaldar la firma de los contratos en los años 2022 y 2023, decisión que fue presentada ante la Junta Metropolitana mediante acuerdos aprobados en sesiones virtuales, consolidando así la continuidad del esquema contractual cuestionado.
Además, la investigación indica que al finalizar su gestión, el entonces director habría ordenado el formateo de varios equipos de cómputo de la Dirección General y del área de Contratación del AMVA, acción que, según la Fiscalía, buscaba eliminar rastros digitales relacionados con la trazabilidad de los procesos contractuales y dificultar la labor investigativa de las autoridades.
La Fiscalía también planteó que sin la autorización directa del exdirector, la política de contratación cuestionada no habría podido mantenerse en el tiempo, razón por la cual le atribuye un papel determinante en la supuesta apropiación de recursos públicos por parte de terceros.
Por estos hechos, Juan David Palacio fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, dentro de un proceso en el que también figuran exsubdirectoras ambientales del AMVA y un excontador del Cuerpo de Bomberos de Itagüí.
Durante la audiencia, la Fiscalía indicó que los contratos habrían generado un detrimento patrimonial cercano a los 2.481 millones de pesos, producto de sobrecostos y servicios no ejecutados, lo que refuerza la hipótesis de un esquema estructurado para beneficiar a particulares.
El proceso judicial continúa en etapa preliminar, mientras se define si los implicados aceptan cargos o avanzan hacia un juicio formal que permita establecer responsabilidades penales en uno de los escándalos de contratación más graves que ha enfrentado el AMVA en los últimos años.
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— Hora13 Noticias (@hora13noticias) January 27, 2026
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