Fiscal Camargo ordenó investigación por presunta infiltración de las disidencias Farc en el Gobierno y el Ejército

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Casi 24 horas después de que Noticias Caracol revelara evidencias sobre la presunta infiltración de las disidencias de las Farc, lideradas por alias ‘Calarcá’, en entidades como la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación se pronunció oficialmente. El despacho de la fiscal Luz Adriana Camargo anunció la apertura de una investigación formal.

El comunicado, divulgado en la noche de este lunes, señala que la indagación será asumida por el delegado contra la Criminalidad Organizada. El objetivo es establecer posibles amenazas a la seguridad nacional, eventuales vínculos con la financiación de la campaña presidencial, alianzas con actores ilegales y la creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales.

La entidad también informó que la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales remitió copias a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigue la conducta del brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera, mencionado en el material incautado.

En el comunicado, la Fiscalía explica cómo llegó a su poder la información revelada por Noticias Caracol y aclara que los dispositivos decomisados han permanecido bajo custodia de la DIJIN. Por ello, considera “alarmante” que su contenido se haya difundido públicamente, en contravía del principio de reserva que rige los procesos penales.

Según la investigación, el material fue incautado el 23 de julio de 2024 durante un retén militar en Anorí, Nordeste antioqueño, cuando una caravana de integrantes de las disidencias fue detenida mientras se desplazaba en vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP). En el procedimiento se recuperaron computadores, teléfonos, discos duros y otros equipos.

Entre los ocupantes se encontraba alias ‘Calarcá’, junto con otras seis personas. Sin embargo, varios de ellos no fueron capturados, pues contaban con suspensión de órdenes de captura en el marco de la Ley 2272 de 2022 y diversas resoluciones emitidas en 2024. Otros sí fueron judicializados por porte ilegal de armas u homicidio, casos en los que ya existen condenas y acusaciones en curso.

La Fiscalía informó que el cruce más reciente de información de los dispositivos se realizó el 24 de septiembre, como parte de un amplio despliegue investigativo para validar las evidencias ante la justicia. Aún se está verificando la totalidad de la información encontrada.

Finalmente, la entidad indicó que ni la fiscal general ni otras dependencias recibieron reportes del material durante 16 meses, enfatizando que los fiscales delegados actúan con autonomía dentro de sus competencias.

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