Estas son las pruebas que esperan a la campaña de Petro en el CNE por violación de topes

Con toda la atención de los medios de comunicación y de los sectores políticos y judiciales puestas sobre él, el Consejo Nacional Electoral sesionó este lunes para decidir la formulación de cargos a la campaña del presidente Gustavo Petro solicitada en una ponencia por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortíz por violación de topes electorales y ocultamiento de aportes.

Tras varias horas de deliberación en la sede del CNE (no en una guarnición militar como se había pensado), este tribunal administrativo decidió aplazar la votación hasta el próximo 30 de septiembre, luego de que la magistrada Alba Lucía Velásquez, cercana al Gobierno, pidió que el expediente rotara por cada uno de los ocho magistrados en funciones.

La sesión se dio en un contexto tenso lleno de expresiones amenazantes de Petro sobre un supuesto golpe de Estado al que el mandatario le ha dado cabida en todos sus discursos durante las últimas dos semanas. La teoría del presidente es que un sector diverso del país estaría teniendo una incidencia en la decisión del CNE para destituirlo; se refirió a la “oligarquía”, aunque después mencionó a “grandes mafiosos contrabandistas” y luego señaló directamente a María Fernanda Cabal de “planear el golpe”.

El supuesto golpe no tiene que ver nada con el CNE porque este solo puede imponer sanciones administrativas, como la devolución de la reposición de los votos. Las advertencias del Presidente parecen tener que ver con la eventualidad de que el caso pase a la Comisión de Acusaciones de la Cámara y a las plenarias del Congreso para que se de ser el caso se vote el juicio político que, de acuerdo con el artículo 109 de la Constitución, podría significar la la pérdida del cargo: “La violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo”, dice el artículo.

Sin embargo, como lo ha explicado EL COLOMBIANO, ese escenario es realmente muy lejano y la definición de cualquier consecuencia sobre su campaña podría verse incluso después de que Petro abandone el cargo en agosto de 2026. Así lo han explicado varios juristas y exmagistrados del CNE que conocen bien los tiempos y la forma en la que operan las investigaciones.

“Con los tiempos y las herramientas que tiene la defensa del presidente, es muy probable que el país conozca la verdad sobre la campaña luego del 2026 cuando el presidente termine su mandato, si así lo quiere Gustavo Petro”, afirmó el abogado Hollman Ibáñez, experto en derecho electoral.Mientras el CNE entra en una especie de operación tortuga, el presidente Petro se ha dedicado a confrontar a la institucionalidad.

Primero, desafió la decisión del Consejo de Estado, de hace poco menos de un mes, diciendo que era un concepto y no un fallo. Sin embargo, el presidente de la alta Corte aclaró que esa decisión de la Sala de Consulta que reconoció la autoridad del CNE para investigar la campaña Petro sí es vinculante porque definió el conflicto de competencia de manera clara. No se trata de una mera consulta o un concepto etéreo. Segundo, Petro ha tratado de deslegitimar la credibilidad del CNE, que tiene cuestionamientos serios en el origen político de los magistrados, pero que ha operado de esa misma forma para la investigación de las campañas de los últimos presidentes y todos han tenido que enfrentar y acatar esas indagaciones. Así lo hizo el expresidente Santos con el caso Odebrecht y Duque con la supuesta financiación del Ñeñe Hernández.

En ambos casos las investigaciones fueron archivadas por las mayorías políticas.Petro dice con razón que el magistrado Álvaro Hernán Prada, cercano a Uribe e investigado en la Corte Suprema por fraude procesal y soborno a testigos, ha sido su enemigo político. Pero no menciona la evidente cercanía de las dos magistradas Velásquez y Márquez con las posturas de su Gobierno. Para reformar las funciones del CNE se necesita una reforma política electoral.

En todo caso hasta hoy es una institución ratificada por la Constitución con funciones vigentes y que opera bajo las leyes del Estado de Derecho. Los siguientes son los puntos principales de la ponencia con las pruebas contra la campaña de Petro que comenzó a rotar ayer, puesto por puesto de los magistrados del CNE. Aquí una recapitulación de los puntos más importantes del expediente y sus posibilidades.

1. Los vuelos de SADI

En el expediente está claro que la campaña del presidente usó los servicios de la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), una compañía contratada para los vuelos personales de Petro y también de la otra campaña que era la del Pacto Histórico al Congreso con sus candidatos. El documento de lo magistrados investigadores señala que pudo haber una manipulación de las facturas de SADI para no violar los topes.

“Es de señalar que contablemente la generación de facturas electrónicas obedece a hechos causados (...) La empresa SADI genera la factura SA 4862 el 28 de mayo de 2022, es decir un día antes de las elecciones de primera vuelta por valor de $ 4.014.804.576, para posteriormente ser anulada y generar una nueva factura SA 4876 del 29 de mayo de 2022 por valor de $ 2.270.000.037, la que a su vez también es anulada para generar la factura SA 4877 del 30 de mayo de 2022 por valor de $ 2.770.000.017, por lo tanto se evidencia una disminución de las horas de vuelo y eliminación de conceptos inicialmente causados en la factura SA 4862. Esta conducta obedece a una posible manipulación de cifras con el fin de no vulnerar el límite tope de gastos establecidos por la Corporación”, se lee en el texto de la solicitud de formulación.

Allí también se habla de un reporte de los permisos de vuelo que se habrían realizado a través del nombre de una compañía que parecía diferente a SADI, Strategic Business Aviation, pero que en realidad era la misma empresa con un nombre posterior. Lo que significaría alrededor de 10 permisos de vuelo que tampoco habrían sido registrados de manera clara.

Eso sucedió en varias otras facturas electrónicas que fueron anuladas para presentar otras cifras con la aparente intención de que el número de recursos no violara el tope del CNE. La ponencia solicitó formular cargos por 1.249 millones de pesos omitidos en el reporte de gastos por vuelos contratados con SADI en la primera vuelta. Lo mismo ocurrió con 962 millones de pesos para la segunda vuelta.

2. La factura de Caracol Televisión

Este es quizás el hecho más incontrovertible del expediente porque están todas las debidas corroboraciones de que la campaña del presidente Petro adquirió servicios de propaganda electoral con Caracol Televisión que fueron emitidos en página web y otros medios del canal del 2 al 23 de mayo de 2022.

La factura se expidió solo días después. “Se logra determinar por la Sala, que la factura electrónica CI 8136 expedida el 31 de mayo de 2022, pertenece a las actividades propias de la campaña presidencial de primera vuelta, hecho económico que ascendió a la suma de $ 356.102.872 y que se omitió reportar en los ingresos y gastos de la misma”, dice el expediente.

El problema aquí es que, aunque Caracol envió la factura electrónica que, de nuevo, obedece a hechos causados, se evidenció que la campaña del presidente no reportó esa factura en la primera vuelta; no aparece en el informe de gastos, por lo que allí la violación de topes habría sido por los 356 millones que costó ese servicio. De las pautas adquiridas están todas las publicaciones en las fechas exactas igual que la factura. La campaña ha dicho que hubo un error en el reporte y que pudo haberse realizado para la segunda vuelta, pero lo cierto es que la omisión en ese hecho está probada.

3. El aporte de Fecode

Este es otro de los puntos más relevantes del documento que se debatirá nuevamente el 30 de septiembre. La investigación señala que hubo un aporte no registrado de 500 millones de pesos en un principio definido para la campaña de Colombia Humana. Después se encontraría que en realidad hubo actas claras firmadas por los directivos de Fecode en donde se acordaba que el aporte era para la campaña Petro presidente.

“En el sub examine se evidencia un aporte realizado a la campaña objeto de estudio por la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN - FECODE, identificada con NIT. 860.034.093-1, aporte que, en los términos del acta de sesión del 3 de mayo de 2022 aprobada por el comité ejecutivo, tuvo por objeto el “apoyo económico a la campaña del candidato Gustavo Petro a la presidencia de la República”, según se extrae de la constancia suscrita por el ciudadano WILLIAM HENRY VELANDIA PUERTO, en su condición de secretario general de la persona jurídica en mención”, se aclara.

No solo fue el acta. El Consejo Nacional Electoral también tiene copias del cheque emitido el 24 de mayo y dirigido a la “Campaña Petro Presidente 2022 - 2026”. La irregularidad consiste en que Fecode argumenta que el apoyo no fue a la campaña específica del presidente Petro, en donde no se reportó, sino a la del movimiento político Colombia Humana de manera general. Sin embargo, los documentos en poder del tribunal dan cuenta de la donación a la campaña que gerenciaba Ricardo Roa. Allí también hay una negación de que en efecto los recursos hubieran llegado desde la defensa del presidente.

4. Los testigos electorales

Finalmente, el caso de los testigos electorales es igual de grave. La investigación señala, luego de entrevistas a varias personas involucradas en la campaña, que sí hubo pagos a testigos en todo el país -que no habrían sido reportados a las cuentas de gastos- para que estuvieran en los principales centros de votación validando el reconteo y la revisión de los formularios en las mesas electorales.

Uno de los coordinadores de la campaña en Arauca dijo que se asignó un valor a cada testigo que fue pagado a través de Super Giros en las cuentas de las personas. “Hubo una asignación que se les dio a los testigos para efectos de gastos de alimentación y transporte del día E. Entiendo yo que a través de una empresa de giros les llegaba a su cuenta personal a través de esos giros la asignación o valor que se les asignaba”.

Otro de los coordinadores dijo en entrevista con los magistrados que al 70 % de los testigos se les pagó para refrigerios y transporte también a través de Su red. Según esas mismas declaraciones, la persona que estuvo a cargo de la organización y el pago de los testigos fue el catalán Xavier Vendrell en una relación directa con la empresa Ingenial Media. Vendrell hizo además las capacitaciones de los formularios para los testigos de todo el país.

La campaña de Petro habría contado con alrededor de 73.000 testigos para la primera vuelta. El documento hizo varios hallazgos de contratación con Ingenial Media que no tenían una congruencia exacta con el pago para los testigos electorales. A esta compañía, que a su vez le pagó a Vendrell 100 millones de pesos en 12 meses según él mismo lo aceptó en medios ocultando el nombre de la compañía, se le hizo un contrato con el fin de la “implementación del esquema integral de control electoral posterior al desarrollo de las elecciones del 29 de mayo”.

Ese contrato fue por 480 millones de pesos, pero Ingenia Media le giró a su vez a la empresa Matriz Giros y Servicios Su Red la suma de 931 millones de pesos para el pago de 30.000 testigos electorales. Ese gasto no fue reportado. Luego hay otras incoherencias entre los reportes y pagos para la dispersión de testigos de la campaña al Senado del Pacto Histórico y las cuentas registradas por la campaña del presidente.

Estos son solo cuatro de los puntos más importantes y controversiales de todo el expediente que está lleno de pruebas, facturas electrónicas, testimonios y una compleja situación para la campaña. Por lo expuesto no se trata de un tema menor ni de errores simples en la facturación y el reporte de gastos. De hecho, los hallazgos son tan graves que este periódico conoció que la administración anterior de la Fiscalía tenía lista una imputación penal contra Ricardo Roa pero la fiscal Camargo no ha desarrollado la investigación. Mientras que los magistrados del CNE terminan de revisar el expediente, el reloj ya empezó a correr y el presidente insiste en hablar de un golpe de Estado.