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Daddy Yankee, máximo exponente del reguetón y que ahora está dedicado a predicar la palabra como pastor cristiano, radicó una millonaria demanda junto a su compañía Los Cangris Inc. en contra de su exesposa Mireddys González Castellanos y el productor y empresario Rafael ‘Raphy’ Pina Nieves por presuntamente integrar una estructura para apropiarse ilegalmente de derechos de autor y desviar regalías.
La acción legal fue presentada ante el Tribunal Federal de Puerto Rico. Ramón Ayala, nombre de pila de DY, acusa González Castellano y Pina Nieves de liderar un esquema desde el 2015 en donde se habría manipulado documentos esenciales de la industria musical como los split sheets (documentos de porcentaje de propiedad) y formularios de copyright para apropiarse de los derechos de autor de 15 canciones de Daddy Yankee.
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De acuerdo con la demanda, el productor conocido como Raphy Pina se habría registrado sin autorización como coautor de las canciones: Todo comienza en la disco, Llevo tras de ti, Zum, zum, zum, Otra cosa, De vuelta pa’ la vuelta, Bella y sensual, Mayor que yo, Relación, El Desorden, Runaway, Buena vida, La Rompecorazones, Inolvidable (Remix), Vuelve y Perdido por el mundo.
Aparte de los temas de Yankee, en el pleito legal también hay canciones de Tego Calderón, Lito & Polaco, Tony Dize, Natti Natasha y Don Omar.
Dentro de esa estructura, el dueño de Pina Records sería la cabeza. El empresario es acusado de utilizar tácticas de intimidación, coerción y actos de violencia para mantener a los artistas bajo control y evitar reclamos.
En la demanda se sostiene que Pina Nieves llegó a sacar armas de fuego durante reuniones para reforzar su dominio y humillar o agredir físicamente a individuos para usarlos como ejemplo.
Por otro parte, la exesposa de Daddy Yankee, Mireddys González, habría preparado asignaciones que aumentaron artificialmente las participaciones de Pina y redujeron las de Daddy Yankee. La mujer también habría borrado correos electrónicos críticos para mantener la apariencia de legitimidad y ocultar las operaciones.
En la demanda también están involucrados el abogado Edwin Prado Galarza y Andrés Coll Fernández. El primero es acusado de usar su profesión de abogado para facilitar la firma y circulación de contratos con la firma de DY obtenida sin su autorización.
Coll Fernández, asistente principal de Pina, habría validado declaraciones de publicación consideradas fraudulentas y distribuido asignaciones falsas de derechos, lo que le generó beneficios económicos mientras ayudaba a ocultar el esquema.
La demanda invoca la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado de Estados Unidos (RICO Act) y la Ley de Crimen Organizado de Puerto Rico. El demandante solicita una indemnización por daños y perjuicios no menor a 3 millones de dólares además del pago de los costos del proceso legal y honorarios de abogados.
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