«¡Es un Acto Miserable!»: El Fuerte llamado de la Gobernadora del Valle por el secuestro de 150 soldados en Jamundí

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«¡Es un Acto Miserable!»: El Fuerte llamado de la Gobernadora del Valle por el secuestro de 150 soldados en Jamundí

Resumen: El fuerte pronunciamiento de la gobernadora Dilian Francisca Toro eleva la tensión política y social en torno a la crisis de Jamundí, exigiendo una respuesta coordinada del Estado y la comunidad internacional

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Minuto30.com . – Con un tono enérgico y una condena sin matices, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha puesto el foco nacional e internacional sobre la gravísima situación de orden público en Jamundí, denunciando el «secuestro de 150 soldados» y la «miserable» instrumentalización de la población civil por parte de las disidencias de las FARC. Sus declaraciones marcan un punto de inflexión en la crisis y exigen una acción inmediata de la justicia y los organismos de derechos humanos.

A través de sus redes sociales y en declaraciones a medios, la mandataria rechazó enérgicamente los hechos ocurridos en la zona rural de Jamundí, donde una asonada, presuntamente impulsada por el grupo criminal ‘Jaime Martínez’, terminó con la retención ilegal de más de un centenar de militares que adelantaban operaciones de control territorial.

«Rechazo enérgicamente el secuestro de 150 soldados en zona rural de Jamundí. Nuestra Fuerza Pública cumple con su deber constitucional de ejercer control institucional del territorio, exijo su inmediata liberación», afirmó Toro, calificando la violencia contra los servidores públicos como un «delito grave e inaceptable».

Una Estrategia Sistemática y Contraria al DIH

La gobernadora fue más allá de la condena del hecho puntual y señaló la existencia de una estrategia perversa y calculada por parte del grupo armado ilegal. «La instrumentalización y la desinformación sistemática de la población civil por parte de la estructura Jaime Martínez es un acto miserable y contrario al derecho internacional humanitario«, sentenció.

Esta táctica, que consiste en obligar a los civiles a enfrentarse a las tropas para detener su avance, ha sido denunciada por altos mandos militares como el uso de «escudos humanos», una práctica prohibida y severamente castigada por las leyes de la guerra. La denuncia de la gobernadora busca visibilizar esta violación a los derechos humanos a gran escala, que pone a los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad extrema, atrapados entre la coacción del grupo armado y las operaciones legítimas del Estado.

Llamado Urgente a la Fiscalía y Organismos Internacionales

Consciente de la gravedad de la situación, Dilian Francisca Toro hizo un llamado directo a las entidades encargadas de investigar y proteger los derechos fundamentales, tanto en Colombia como en el exterior.

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«Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos internacionales de Derechos Humanos que investiguen, sancionen y visibilicen este atentado contra la libertad y la seguridad en el Valle del Cauca», manifestó la gobernadora.

Su petición busca que estos hechos no queden en la impunidad y que la comunidad internacional ponga sus ojos sobre las tácticas de guerra de estos grupos residuales, que atentan directamente contra los principios más básicos del Derecho Internacional Humanitario al involucrar a la población no combatiente en el conflicto.

Respaldo a la Fuerza Pública: «No Existen Territorios Vedados»

Finalmente, la mandataria expresó su respaldo incondicional a la labor del Ejército y la Policía, asegurando que las operaciones para recuperar el control territorial en Jamundí no se detendrán. «El Estado de derecho se respeta», afirmó con contundencia.

«Acompañaremos a nuestra Fuerza Pública que seguirá con las operaciones hasta llegar a Villa Colombia porque NO EXISTEN territorios vedados para los soldados de la patria«, concluyó.

El fuerte pronunciamiento de la gobernadora Dilian Francisca Toro eleva la tensión política y social en torno a la crisis de Jamundí, exigiendo una respuesta coordinada del Estado y la comunidad internacional para proteger tanto a los miembros de la Fuerza Pública como a los civiles inocentes, víctimas de una estrategia criminal que busca frenar la acción de la justicia.

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