Corte Suprema escuchará al concejal Andrés Tobón en el proceso contra la senadora Isabel Zuleta por el escándalo del “Tarimazo” en Medellín

Corte Suprema cita al concejal Andrés Tobón en el proceso por el acto público que desató controversia nacional

El concejal de Medellín, Andrés Tobón Villada, fue llamado por la Corte Suprema de Justicia para rendir declaración dentro del proceso penal que se adelanta contra la senadora Isabel Cristina Zuleta López, por los hechos ocurridos durante el polémico evento conocido como “El Tarimazo”. La diligencia fue programada para el próximo 24 de noviembre, en medio de un caso que sigue generando debate político y jurídico en todo el país.

El episodio, que tuvo lugar el 21 de junio en la Plazoleta de La Alpujarra, se desarrolló bajo el nombre “Pacto por la Paz Urbana” y contó con la presencia del presidente Gustavo Petro. Allí, varios cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá participaron sin que existiera una orden judicial que avalara su salida de prisión, lo que provocó un fuerte rechazo ciudadano y múltiples denuncias.

Durante el acto, alias “Vallejo”, uno de los condenados por delitos graves, intervino en la tarima y lanzó acusaciones contra el alcalde Federico Gutiérrez y el concejal Tobón, a quienes señaló de oponerse al proceso de paz urbana. La escena fue interpretada por el concejal como una amenaza y como una señal del deterioro institucional que vive el país.

Tobón Villada, quien fue secretario de Seguridad de Medellín entre 2017 y 2019, recordó que durante su gestión fueron capturados y judicializados cientos de integrantes de grupos delincuenciales. Según él, lo ocurrido en el “Tarimazo” fue una muestra de cómo se pretende legitimar a quienes durante años han sembrado miedo en los barrios.

La denuncia presentada por el concejal ante la Corte Suprema sostiene que la senadora Zuleta habría solicitado directamente el traslado de once reclusos sin tener la competencia legal para hacerlo, configurando un presunto abuso de la función pública. Además, señala a funcionarios del INPEC por haber firmado resoluciones que autorizaron esas salidas sin sustento jurídico.

De acuerdo con el Código Penal, este tipo de actuaciones podría acarrear penas de prisión y la inhabilidad para ejercer cargos públicos. Por eso, la diligencia en la que declarará Tobón será clave para esclarecer si hubo o no una violación a la ley durante el polémico acto.

El concejal concluyó que el país necesita conocer toda la verdad sobre el “Tarimazo”, un episodio que —según él— no fue un simple error administrativo, sino una decisión que desafió las normas y puso en riesgo la confianza institucional.

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