En medio de la expectativa nacional por el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el presidente Gustavo Petro solicitó públicamente que se garantice la seguridad de la jueza Sandra Heredia, encargada de emitir el fallo en este caso de alta relevancia para la justicia colombiana.
A través de su cuenta de X, el mandatario afirmó: «Es deber del Gobierno garantizar la protección de la juez y su familia, cualquiera que haya sido el sentido de su fallo. En un Gobierno democrático, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad».
Es deber del gobierno garantizar la protección de la juez y su familia, cualquiera que haya sido el sentido de su fallo.
En un gobierno democrático, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad. https://t.co/6flWGg2UaP
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 28, 2025
A este llamado se sumó la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia), que expresó su respaldo a la togada y solicitó medidas concretas para su seguridad. En un comunicado oficial, el gremio manifestó: «En representación de funcionarios (as) judiciales de diferentes distritos judiciales del país, (Corjusticia) expresa su solidaridad y apoyo a la Dra. Sandra Liliana Heredia Aranda, Juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, a quien, como es de público conocimiento, le fue asignada la responsabilidad de juzgar al Sr. Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República».
Corjusticia también destacó la necesidad de proteger la independencia judicial en un proceso que ha captado la atención del país y del exterior. En su declaración, enfatizaron la «importancia de la independencia y autonomía judicial» y llamaron al respeto del rol de la jueza, dirigiéndose a «las autoridades, a los medios de comunicación, a las partes del proceso judicial y a la comunidad nacional e internacional» para que respalden el ejercicio libre de sus funciones «así como la decisión que profiera este asunto».
Asimismo, pidieron al Ejecutivo y al Consejo Superior de la Judicatura que «continúen adoptando los mecanismos necesarios para garantizarle a todos los jueces (…) las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones, incluyéndose las medidas de protección que se requieran conforme a cada caso».
Sandra Heredia tiene en sus manos un proceso histórico: la decisión de si el expresidente Uribe es culpable o inocente de los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, por hechos que se remontan al año 2012. En caso de un fallo condenatorio, sería la primera vez en la historia reciente que un exmandatario colombiano es sentenciado penalmente en primera instancia. La pena podría oscilar entre seis y doce años de prisión.