El peor momento de Petro con las Cortes y la rama judicial, ¿no pegó el acuerdo nacional?

El presidente Gustavo Petro decidió declarar como enemigos personales a los magistrados del Consejo Nacional Electoral que dieron su voto para que su campaña, él como candidato y su gerente Ricardo Roa, sean investigados por presuntamente violar los topes de gastos y financiación que permite la ley. De César Lorduy dijo que había matado a su novia, lo que el magistrado negó, y sobre Maritza Martínez, a quien además confundió en X con una periodista, señaló que era la esposa de un paramilitar.

También ha negado que a los magistrados se les llame de esa manera y luego de que se conoció la decisión inmediatamente aseveró que se trata de un golpe de Estado (lo que ha dicho durante un año) y continuó acusando a los medios por supuestamente mentir y alistar el otro golpe que en su teoría y estrategia de comunicación es el “blando”.Es decir, para Petro los poderes económicos y políticos quieren darle un golpe de Estado y el poder de los medios un golpe blando. Eso se suma a los cuatro supuestos intentos de asesinatos que el presidente ha denunciado, pero que hasta ahora ninguna autoridad, ni la policía ni la Fiscalía, ha logrado probar.

Pero no es la primera vez que esta diferencia entre el presidente en su rol de jefe de Estado y las altas cortes hace que las partes choquen. De hecho, esa parece una conducta sistemática que ha alejado al mandatario de la armonía entre ramas con algunas excepciones puntuales. De acuerdo con más de 6 magistrados de todas las altas cortes consultados por EL COLOMBIANO, es claro que sí hay una molestia generalizado por numerosas situaciones irrespetuosas y salidas de tono del presidente con las cortes. El problema es que todos los tribunales tienen en su poder decisiones que afectan positiva o negativamente al Gobierno. Y lo que está visto es que frente a las decisiones inconvenientes para el presidente este reacciona con ira en contravía del orden institucional.

La Corte Suprema

La división más notoria entre el jefe de Estado y la Corte Suprema fue debido a sus comentarios sobre el presidente del tribunal Gerson Chaverra. Petro dijo en la posesión de la defensora del Pueblo en Nuquí que no entendía “cómo un negro podía ser conservador” refiriéndose claramente a Chaverra. La frase desató una indignación generalizada en toda la Corte porque Chaverra es visto como un hombre sensato y meritorio que tiene además una historia personal difícil y que logró salir adelante por sus propios medios desde Quibdó.

El comentario fue considerado una falta de respeto personal contra el presidente de una alta corte, que además investiga a varios congresistas en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, sobre los que podría haber consecuencias en los próximos meses.Uno de los magistrados de la Corte habló con este diario y dijo que es algo que ha pasado con otros mandatarios pero en el caso de Petro la falta de respeto personal es diferente. “Él, Uribe, que es su némesis, Santos, Duque, creen que la independencia y autonomía de los jueces es un cuento. Y cuando se dan cuenta que nosotros nos tomamos eso en serio, se sorprenden. Guardadas las proporciones, igual pasaba con Pablo Escobar. Él no entendía cómo había jueces y magistrados que no solo le rechazaban sus sobornos, sino que no se intimidaban con sus amenazas. Y se hacían matar por cumplir con su deber”, aseguró en condición de reserva.

Por ese comentario los magistrados de la Corte eligieron en sala no asistir a la posesión en Palacio de Claudia Éster Expósito, a quien ellos mismos eligieron por unanimidad para el Consejo Superior de la Judicatura. Desde entonces hay una distancia notoria que atraviesa la Plaza de Bolívar en un silencio que se siente tenso. Esta misma semana ocurrió de nuevo. Ningún magistrado asistió a la promulgación de la ley estatutaria de administración de justicia esta vez como protesta a un comentario que hizo Petro frente al camino cuestionado de Andres Manuel López Obrador en México que permite que los jueces sean elegidos directamente por voto y no a partir de la elección de las instituciones, luego de carreras con trayectoria reconocida en la rama judicial.

La Corte Constitucional

La relación del presidente tampoco ha sido la mejor con la Corte Constitucional. Allí también dos magistrados consultados aseguraron que sí hay una molestia por la falta de filtro a sus comentarios. Una togada prefirió no hablar. La Corte ha actuado en varios casos que Petro ha considerado como un retroceso en su programa de Gobierno y todavía tiene pendientes decisiones que podrían significarle al Gobierno una pérdida de esfuerzo político y de promesas incumplidas si los magistrados le dan la razón a los críticos. La decisión más dura hasta ahora fue la de considerar inexequible uno de los impuestos de la primera reforma tributaria que le impedía deducir las regalías a las empresas del sector hidrocarburos y las mineras.

Eso, según los cálculos de Hacienda, significó la pérdida de unos seis billones de pesos con los que la administración contaba para desarrollar otras políticas públicas a partir de este año. La otra decisión que está por darse es la de la reforma pensional. La Corte aceptó una tutela que pidió revisar la aprobación en el Congreso por considerar que en el debate se anuló la deliberación de la Cámara de Representantes, porque esta terminó aprobando por mayorías la aceptación del texto del Senado. En la plenaria de la Cámara la pensional no se debatió y esta debería comenzar su ejecución en junio de 2025, con un desembolso mensual de 225.000 pesos a alrededor de 3 millones de adultos mayores. Esta es una de las promesas más importantes del Gobierno y un rechazo de la Corte podría llevar al mandatario a otra reacción sin cálculos contra los magistrados que haga aún más difícil su relación.

Petro asistió al encuentro de la Corte en Manizales hace dos semanas y se sentó con los jueces e incluso esperó al cierre del último panel. “El problema es que sus interpretaciones son muy duras, se generan resquemores, no tiene filtro. Él está en su mundo político y debe entender que el de nosotros es otro mundo”, dijo un magistrado más que ha estado en las conversaciones sobre cómo responder al presidente.

La JEP

Ni siquiera con la JEP ha habido buenos términos, a pesar de que la apuesta emblema en política de paz es la negociación con todas las organizaciones armadas al tiempo buscando que no haya violencia por enfrentamientos entre disidencias, la guerrilla del ELN, el clan del golfo y otros subgrupos como las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hace varios días Otty Patiño, el alto comisionado de paz del Gobierno, dijo que la JEP debería cerrarse y desató una preocupación entre todos los magistrados de la JEP (institución que se creó para una vigencia de quince años con una prórroga posible de cinco más) porque el tribunal se encuentra en el momento determinante en el que se avecinan las decisiones en los macro casos de secuestro, falsos positivos, y hechos de violencia discriminados por regiones en los que tuvieron parte tanto las Farc como las fuerzas militares.

El presidente de la JEP, Roberto Vidal, salió a los medios a alertar por esa expresión y también dijo que hubo una reducción en el presupuesto para el tribunal. “Cualquier cierre prematuro de JEP le causaría un enorme perjuicio al país, a las víctimas, y a aquellos comparecientes que pertenecieron a las extintas Farc y a los miembros de la Fuerza Pública”, agregó.

En conclusión, como ha sucedido antes en el Gobierno, los voceros del presidente insisten en hablar de un acuerdo nacional que el mandatario no lleva a la práctica con los actores más importantes de la sociedad. Lejos de eso sus expresiones en el caso de las cortes han generado una división pronunciada que afecta la armonización de las ramas como lo dice la Constitución, y aún faltan por verse decisiones claves que podrían no ser del agrado del presidente. De fondo lo que está jugado es el respeto a las decisiones de las instituciones, que en algunos casos Petro insiste en desconocer.

La ratificación del Consejo de Estado

El alto tribunal determinó que el Consejo Nacional Electoral sí tiene competencia para investigar la campaña Petro Presidente de 2022.

Para la Sala de Consulta del Consejo de Estado el Consejo Nacional Electoral puede investigar si la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 violó los topes de gastos electorales permitidos. Así lo determinó luego de rechazar un pedido de nulidad que presentó, a nombre de la Presidencia de la República, el abogado Héctor Carvajal para que el tribunal electoral aborde esa indagación.

El alto tribunal resolvió el conflicto de competencias entre el CNE y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para abordar la investigación y, con esto, le dio luz verde para que lo haga, debido a que posee las facultades y competencias para investigar, tanto la campaña como su papel de entonces candidato.El documento con la determinación señaló que el Consejo de Estado reconoce que “en ningún caso una autoridad diferente al Congreso de la República tiene la facultad de decretar la pérdida del cargo del presidente, pues dicha autoridad debe definir lo pertinente, previa aplicación del procedimiento previsto para los juicios de indignidad política”.

En ese sentido, la Sala de Consulta fue enfática en que una autoridad administrativa “de ninguna manera” puede “adelantar un proceso judicial en contra del presidente de la República, ni mucho menos que dicha autoridad tenga la capacidad de afectar su permanencia en el cargo”.

Con esto claro, esa institución advirtió que las investigaciones de tipo administrativas -que hace el CNE- que adelanta el tribunal electoral “contra las campañas electorales presidenciales de la Coalición Pacto Histórico del año 2022 (...) incluyen de manera inescindible al entonces candidato presidencial y actualmente presidente de la República, señor Gustavo Francisco Petro Urrego”, pues “’el candidato presidencial, el gerente, el tesorero y el auditor son responsables solidarios por la oportuna presentación de los informes contables y por el debido cumplimiento del régimen de financiamiento de las campañas’”.

Así mismo, expresó que el argumento del abogado del presidente Gustavo Petro sobre el desconocimiento de una sentencia de la Corte Constitucional de 2015 -que habla del alcance del fuero constitucional de los altos funcionarios del Estado (...) en relación con las funciones constitucionales asignadas a organismos de control- “no constituye precedente judicial” para este caso. Así las cosas, explicó que esa sentencia “no era aplicable de manera automática al conflicto examinado, porque el supuesto de hecho puesto a consideración, contaba con elementos fácticos y normativos distintos a los analizados” en ese entonces.“

No es posible hacer la aplicación de la subregla jurisprudencial fijada en esta sentencia, a este caso en el cual están comprometidas las garantías electorales, sin incurrir en un error interpretativo mayúsculo pues, a todas luces no es este un caso análogo que permita tal aplicación”, remató la Sala en su decisión.El presidente del CNE, César Lorduy, en una declaración al respecto que se hizo al término de la sesión de la sala plena, confirmó el alcance de esa investigación, en donde no solo se compromete a la campaña presidencial, sino también a las directivas de varios partidos, entre ellos el presidente Gustavo Petro.