Pocas instituciones cristalizan con tanta nitidez el espíritu de la nación que representan, sus ideales e intereses, como la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos. Se diría que la naturaleza transnacional del crimen organizado, objeto de sus funciones, justifica la presencia de la institución en otros países de América, pero es difusa la línea entre el deber y la lógica expansionista estadounidense —muy conocida por los latinoamericanos—, unas veces más tenue, otras más explícita. En el caso de México, socio y vecino inmediato de EE UU, la relación con la agencia vivió años de bonanza en términos de cooperación (y un grado de tolerada injerencia) durante los Gobiernos del PRI y el PAN. Sin embargo, la llegada de Morena y Andrés Manuel López Obrador al poder representó un muro difícil de flanquear. El expresidente salió del Gobierno dejándole la puerta cerrada a la DEA. Hasta ahora. Muy a pesar del sector más duro del oficialismo, México se está abriendo nuevamente a la cooperación con la agencia estadounidense.
El giro de 180 grados de México con la DEA
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