El Estado abre la vía para llevar a Madrid al Constitucional si no pacta cambios en la norma de Ayuso que flexibiliza la ley del suelo

El Gobierno de España ha abierto la vía para llevar al de la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Constitucional por la reforma que aprobó el pasado verano el PP de Isabel Díaz Ayuso para flexibilizar la ley de suelo. Aquella votación permitió rebajar la obligatoriedad de sustituir árboles talados; flexibilizar la construcción de campos de golf, gasolineras y crematorios; y facilitar la posibilidad de construir vivienda protegida en suelo destinado a equipamientos sociales de redes supramunicipales. Ahora, según se publica este lunes en el Boletín oficial regional, las dos partes han acordado abrir una negociación de unos seis meses con final tasado: o se reforman tres artículos de la tercera ley ómnibus de Ayuso, que sirvió para cambiar decenas de aspectos de distintas normas en una sola votación, o el conflicto tendrá que dirimirlo el Constitucional.

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