hace 2 semanas
8
La discusión para definir el aumento del salario mínimo que regirá en 2026 ya comenzó y dejó en evidencia profundas diferencias entre el Gobierno nacional, los sindicatos y los gremios empresariales. Este año, la controversia se centra en cuánto podrá subir el ingreso básico sin afectar el empleo y la estabilidad económica, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), responsables de la mayor parte del trabajo formal en Colombia.
El Ejecutivo, encabezado por el presidente Gustavo Petro, propuso un incremento del 11%, lo que llevaría el salario mínimo de $1.423.500 a $1.580.085. Esta cifra supera ampliamente la inflación anual a octubre de 2025, que fue de 5,51%, tal como exige la ley. Sin embargo, la propuesta no cayó bien en sectores empresariales.
La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) planteó que el aumento no debería superar el 7%, lo que dejaría el salario mínimo en $1.523.145. Según el gremio, un ajuste más alto generaría efectos adversos: incremento de la inflación, menor contratación formal, mayor riesgo de despidos y la posible entrada de empresas a la informalidad.
“Un incremento desproporcionado solo serviría para impulsar la inflación, anulando los beneficios que el alza busca generar”, advirtió Acopi, que además recordó que la productividad total de los factores se mantiene en niveles históricamente bajos, apenas del 1% durante el primer trimestre del año.
También señaló que un aumento excesivo obligaría al Banco de la República a mantener altas tasas de interés, encareciendo el crédito y frenando la inversión.
En la otra cara de la mesa, las centrales sindicales —incluida la CUT— insisten en que el incremento no debe ser inferior al 11%. Argumentan que el salario mínimo es insuficiente frente al costo de vida real y que un “salario vital” para una familia promedio debería superar los $2 millones.
El Ministerio de Trabajo, bajo el liderazgo de Antonio Sanguino, publicó el calendario oficial para la negociación. El proceso se desarrollará así:
1 de diciembre:
– Instalación formal de la mesa.
– El DANE presentará datos del PIB al tercer trimestre, cuentas nacionales y mercado laboral.
5 de diciembre:
– Entrega del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
9 de diciembre:
– Nuevas cifras de inflación y análisis macroeconómico del Ministerio de Hacienda.
11 y 12 de diciembre:
– Jornadas continuas de negociación.
15 de diciembre:
– Primer plazo legal para alcanzar un acuerdo.
Si no hay consenso:
16 y 17 de diciembre:
– Presentación de salvedades.
18 y 19 de diciembre:
– Evaluación técnica.
22 al 26 y 29 de diciembre:
– Sesiones extraordinarias.
30 de diciembre de 2025:
– Fecha límite para que el Gobierno fije el salario por decreto si no hay acuerdo.
La OIT entra en escena: salario mínimo vital y móvil
Por primera vez, la mesa incluye como referente el informe de la OIT sobre salario mínimo vital y móvil, el cual señala que una familia de cuatro integrantes necesitaría cerca de $3 millones mensuales para cubrir sus necesidades básicas. Aunque es un dato aspiracional, será parte del análisis.
El ministro Sanguino resaltó que desde el inicio del actual Gobierno el salario mínimo ha aumentado un 37,6%, siempre por encima de la inflación. Destacó también indicadores como:
- Crecimiento del PIB del 2,7% y un reciente repunte al 3,6%.
- Inflación del 5,5%.
- Tasa de desempleo del 8,2%, la más baja del siglo.
Aun así, gremios como Fenalco advierten que un aumento de dos dígitos podría resultar difícil de asumir para el sector empresarial.
Con posturas tan distantes, diciembre será un mes definitivo. La pregunta clave sigue abierta: ¿habrá concertación entre Gobierno, empresarios y sindicatos, o será la Casa de Nariño quien termine fijando por decreto el salario mínimo de 2026?
La cifra final deberá conocerse, como máximo, el 30 de diciembre de 2025. El resultado impactará directamente a millones de trabajadores y a la estructura económica del país.
English (US) · 
Spanish (CO) ·