Dos décadas después, JEP entrega restos de un hombre del Oriente víctima de desaparición forzada

Después de más de 20 años de incertidumbre, dos familias en Antioquia recibieron los restos de sus seres queridos, quienes habían sido reportados como desaparecidos en el contexto del conflicto armado. Las entregas dignas fueron realizadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Instituto Nacional de Medicina Legal, como parte de los procesos de verdad, búsqueda e identificación que se adelantan en el país.

Uno de los casos corresponde a Pedro Alexander Guerra, agricultor desaparecido el 26 de abril de 2003 en el municipio de Granada, Oriente antioqueño. Según lo establecido en el proceso judicial, Guerra fue retenido mientras realizaba labores del campo por integrantes del Batallón de Artillería N.° 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez’. Durante más de dos décadas, su familia desconoció que su cuerpo permanecía inhumado como no identificado en el cementerio municipal de Rionegro.

La entrega de sus restos se realizó en el marco de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Subcaso Antioquia, dentro del Caso 03 de la JEP. En este escenario judicial, 40 exintegrantes de seis batallones adscritos a la Cuarta Brigada del Ejército, junto con dos civiles, aceptaron su responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas de cerca de 589 personas en Antioquia, presentadas de manera irregular como bajas en combate, en hechos conocidos como ‘falsos positivos’.

Las audiencias se han desarrollado en varias sesiones. Dos de ellas se llevaron a cabo el 4 de diciembre en Granada, una tercera el 15 de diciembre en Medellín, y para este 17 de diciembre está programada una nueva diligencia en la que se abordarán hechos ocurridos en el Valle de Aburrá, el Occidente y el Norte de Antioquia. Como cierre de esta etapa, la JEP anunció una rueda de prensa en Medellín, en la Universidad EAFIT, donde se presentará un balance oficial de los avances del proceso.

Pedro Alexander Guerra nunca conoció a su hija, quien hoy enfrenta el duelo de saber que su padre fue víctima de uno de los episodios más dolorosos del conflicto armado en Colombia. La magistrada Catalina Díaz, relatora del Subcaso Antioquia, señaló que estos crímenes no fueron hechos aislados, sino parte de un patrón macrocriminal asociado a una lógica institucional que priorizó el conteo de supuestas bajas como indicador de éxito militar, lo que derivó en la victimización de civiles.

En otro acto de entrega digna, las autoridades restituyeron a su familia el cuerpo de Cristo José Romero Isaza en el municipio de Yalí. Romero había salido de su hogar en agosto de 2003 en busca de trabajo y desde entonces se desconocía su paradero. La investigación humanitaria permitió establecer que fue víctima de desaparición forzada y que sus restos permanecieron inhumados como no identificados desde 2005 en un cementerio de Cartago, Valle del Cauca.

Este caso fue esclarecido mediante la estrategia de Búsqueda Inversa, un mecanismo que busca identificar a personas desaparecidas y localizar a sus familiares. De acuerdo con cifras de la JEP, hasta el 2 de diciembre de 2025 se han publicado más de 100 registros en el marco de esta estrategia, se ha logrado contactar a decenas de familias y se han concretado 31 entregas, mientras continúan los procesos para ubicar a otras personas desaparecidas.

Aunque estos avances representan un alivio para algunas familias, organizaciones de víctimas han reiterado que la verdad sigue siendo incompleta. Durante las audiencias, representantes legales y víctimas han expresado su inconformidad por lo que consideran relatos fragmentarios por parte de los comparecientes, especialmente frente a hechos de tortura y a la identificación de responsables y cadenas de mando.

La JEP ha señalado que, desde 2023, aún se desconoce el paradero de al menos 111 personas víctimas de desaparición forzada en Antioquia, presuntamente a manos de exintegrantes de la Fuerza Pública. La búsqueda y el esclarecimiento de la verdad continúan como una deuda pendiente con las víctimas y la sociedad colombiana.