Diócesis de Sonsón-Rionegro le pone freno a matrimonios y bautizos en fincas, salones sociales y capillas privadas

Casarse en fincas, bautizar en salones sociales o celebrar sacramentos en capillas privadas ya no será posible sin autorización especial en el territorio de la Diócesis de Sonsón-Rionegro.

A través de un nuevo decreto, el obispo Fidel León Cadavid Marín estableció reglas más estrictas sobre dónde pueden realizarse estos actos religiosos, en una decisión que impacta directamente prácticas que se habían vuelto comunes en municipios del Oriente antioqueño.

La medida deja claro que los matrimonios deberán realizarse, como norma general, en iglesias parroquiales. Esto significa que quedan prohibidas las ceremonias en espacios como fincas, centros de eventos, urbanizaciones, salones sociales y capillas privadas que no cuenten con permiso explícito de la autoridad eclesiástica.

Lo mismo ocurre con los bautizos. El decreto establece que deben llevarse a cabo en los templos parroquiales, especialmente en aquellos que cuentan con pila bautismal, dejando por fuera lugares alternativos que no estén autorizados.

Incluso las capillas de comunidades religiosas —como conventos o casas de congregaciones— no podrán ser utilizadas para matrimonios ni bautismos, ya que su función principal está ligada a la vida interna de estas comunidades y no a celebraciones abiertas.

La decisión responde, según el documento, a la necesidad de ordenar la práctica religiosa en medio del crecimiento de espacios no tradicionales donde se estaban realizando sacramentos, muchos de ellos vinculados a eventos sociales o celebraciones privadas.

Sin embargo, el decreto contempla excepciones. En casos específicos, el obispo podrá autorizar celebraciones fuera de las parroquias, siempre que exista una razón pastoral justificada y no haya otra alternativa viable.

También se mantienen algunas autorizaciones especiales ya existentes. Lugares como el Club Campestre Fizebad, el Recinto Quirama y la Hacienda Ríojana seguirán pudiendo realizar matrimonios, aunque bajo condiciones que serán revisadas periódicamente.

Con esta decisión, la Iglesia busca reforzar el papel de la parroquia como centro de la vida comunitaria y evitar que los sacramentos se conviertan en actos desligados de la comunidad religiosa.

El decreto ya está en vigencia y aplica para todos los 21 municipios del Oriente que hacen parte de la diócesis.