El Gobierno de Gustavo Petro cierra el año quemando las naves de la ortodoxia económica. Con un aumento del 23,8% para el salario mínimo, lo eleva a dos millones de pesos —unos 533 dólares con auxilio de transporte incluido— y lo bautiza como “vital”, en una apuesta que redefine el tablero laboral y fiscal de Colombia. La decisión ha desatado una ola de críticas y miedo, desde la oposición, y pasando por los gremios empresariales y algunos economistas. También ha habido voces de alivio y celebración, especialmente en los sindicatos del país. Para entender los efectos de esta alza, inédita en la historia reciente del país andino, EL PAÍS ha consultado a tres voces autorizadas de la academia y el mercado. Se trata de Jorge Restrepo, profesor de economía en la Pontificia Universidad Javeriana y director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC); Hernando Zuleta, decano de la facultad de economía de la Universidad de los Andes; y Salomón Kalmanovitz, profesor emérito de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y excodirector del Banco de la República.

hace 1 mes
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