Daniel Quintero contraataca por el caso de Aguas Vivas y demanda a Federico Gutiérrez

Muy temprano en la mañana de este miércoles, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció en su cuenta de X que interpuso una denuncia penal en contra del actual alcalde Federico Gutiérrez y sus funcionarios por un caso que él ha decidido llamar “El Cartel de los Lotes”.

El anuncio llega semanas después de que la alcaldía de Gutiérrez a su vez denunciara penalmente a Quintero por presuntamente haber modificado el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad y celebrar indebidamente acuerdos para favorecer a unos particulares que son los propietarios del famoso lote de Aguas Vivas, afectando así las arcas del municipio.

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De manera que la denuncia de Quintero sería un contraataque con el que busca defenderse de las serias evidencias que hay de que en su administración se habría hecho todo lo posible por pagarle más de $40.000 millones a gente cercana a Luis Pérez (su aliado político) por un lote que en principio costaba $2.711 millones.

Dice Quintero en su anuncio que el supuesto Cartel de los lotes consistió en el aumento de hasta 100 veces el valor real de lotes privados por parte de la Alcaldía de Medellín durante la primera administración de Gutiérrez.

“Lotes que tenían valores de $2.000 y 3.000 millones fueron recibidos por el fondo inmobiliario por $40.000 y $60.000 millones”, asegura el cuestionado exmandatario.

Quintero agrega en su denuncia que el lote de Aguas Vivas supuestamente fue avaluado por la subsecretaría de Control Urbanístico en $44.000 millones el 23 de julio del 2019, cuando Gutiérrez era alcalde de la ciudad; sin embargo, los documentos anexos al expediente de este caso indican que la valoración del megalote ocurrió fue en la administración de Quintero.

También señala Quintero que en 2019, el 27 de diciembre, cuatro días antes de terminar el mandato de Gutiérrez su administración firmó un convenio con los propietarios de Aguas Vivas para la cesión del inmueble como un lote para la compensación de obligaciones urbanísticas.

Sin embargo, Gutiérrez ha dicho que recibió la cesión de ese lote de 147.000 metros cuadrados ubicado en la Avenida Las Palmas, en El Poblado, de forma gratuita y con la condición de que en seis meses se le hicieran las adecuaciones necesarias para el fin con el que había sido cedido y que para ese momento el avalúo catastral de ese terreno que figuró antes como propiedad de Luis Pérez y su familia, era de $2.711 millones.

Pero los problemas con el lote de Aguas Vivas empezaron después, en la administración de Quintero, cuando los dueños del lote —las firmas IDC Inversiones y Técnicas Constructivas— le pidieron a la Alcaldía que les pagara $3.500 millones por las adecuaciones que ellos mismos se habían comprometido a hacer y que además les diera permiso para usar el 30% del predio para desarrollar un proyecto urbanístico.

Más tarde, el 1 de junio del 2020, en el plan de desarrollo que el concejo le aprobó a Quintero, apareció que en el “ecoparque las Palmas” se iba a desarrollar el “parque ambiental Valle del Software”.

Solo después de ese día, el primero de junio, los dueños de Aguas Vivas fueron a presentar la escritura para el registro. Su intención no eran que los constructores les pagaran por la compensación urbanística del espacio, sino que la Alcaldía les cancelara $48.234 millones, un valor 15 veces mayor al que aparecía en el avalúo catastral inicial, todo porque ahora no era simplemente una finca en Las Palmas donde poco o nada se podía construir por restricciones del POT, sino que ya se trataba de un terreno aprovechable para el “parque ambiental Valle del Software”.

Según sus dueños, el Municipio había incumplido el contrato de cesión gratuita y ahora debía comprarles toda la tierra, con la que, antes de la llegada de Quintero a la alcaldía, parecían encartados.

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Al final, los privados bajaron sus pretensiones hasta $40.508 millones que, sorpresivamente, la alcaldía de Quintero estaba dispuesta a desembolsar, incluso en contra de los conceptos técnicos de profesionales de la misma administración. En ese punto, diciembre del 2021, EL COLOMBIANO publicó un artículo alertando de la tumbada que le podrían estar haciendo a las arcas públicas, y, días después, en Tribunal Administrativo de Antioquia dejó sin validez la conciliación.

No obstante, la administración Quintero parecía muy comprometida a salir de esa plata y Alethia Arango —entonces funcionaria de Quintero y ahora una de las principales señaladas en el escándalo de corrupción de la Ungrd por ser la mano derecha de Olmedo López— impugnó el fallo ante el Consejo de Estado que, de nuevo, dijo que no había nada que conciliar.

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Al final, la administración Quintero le devolvió el lote a sus dueños, a pesar de que ya lo tenía en sus manos y lo había considerado vital en su plan de desarrollo.

Luego, en lo que pareció un último intento por favorecer a privados, Quintero firmó el 12 de mayo de 2023 un decreto en el que decía que en el Ecoparque Las Palmas podría construirse equipamiento para educación con una “extensión máxima del 50% del lote y podrán tener una altura máxima de dos pisos” y que “se podrá construir la infraestructura complementaria” entre la cual mencionan hoteles, airbnb´s y centros de educación digital. Algo que presuntamente va en contra de lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial que solo puede ser modificado por el Concejo municipal.

Esta es una de las irregularidades que la Alcaldía de Medellín detalla en su denuncia penal contra Quintero, pues en esa zona el POT solo permite dotación mínima de infraestructura de acceso y uso público, pero nada como un hotel o un Airbnb.

Con todo lo anterior queda la pregunta de si la denuncia del exalcalde Quintero es más bien una estrategia para desviar la atención y los cuestionamientos que hay hacia él, o si, por el contrario, lo que busca es proteger el patrimonio de Medellín y denunciar algún hecho de corrupción, la pregunta es: ¿por qué no lo hizo antes?