¿Contrato de ‘yo con yo’ en entidad de la Alcaldía de Sabaneta?

Apenas cuatro meses después de que Sabaneta quedara bajo la lupa de la Procuraduría por cuenta de un polémico viaje de $350 millones emprendido por 11 concejales a Turquía y Emiratos Árabes Unidos con dineros públicos, se destapó un nuevo escándalo de contratación que tiene los ánimos crispados en ese municipio.

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Los entes de control tienen en la mira a un abogado que se habría aprovechado presuntamente de su condición de contratista en una entidad de la Alcaldía para que un jugoso contrato quedara en manos de una empresa representada legalmente por él mismo y constituida apenas cinco días antes de la firma. Sería una especie de contratación del tipo “yo con yo”.

Además de varios documentos sensibles que apuntarían a que el abogado habría analizado la idoneidad y certificado los requisitos de su propia compañía antes de la firma del contrato, la Personería de Sabaneta también aseguró tener soportes de que esa cuestionada compañía habría incluso efectuado una transferencia bancaria una asesora jurídica de la entidad, al mismo tiempo compañera de trabajo del principal implicado.

Mientras para ese ente estos hallazgos serían razón suficiente para pedirle a la Fiscalía y a otros entes de control tomar cartas en el asunto, algunos de los implicados en el caso sostienen no haber incurrido en irregularidades y consideraron injustos los señalamientos.

Para desenredar el caso hay que arrancar hablando de los personajes involucrados, todos del Fondo de Vivienda de Interés Social de Sabaneta (Fovis), la entidad donde habrían ocurrido los hechos.

El primero de ellos es el abogado Sebastián Hoyos Tavera, quien en 2019 acompañó la campaña del candidato al Concejo José Román Arredondo, a su vez afín a la campaña del entonces alcalde electo Santiago Montoya.

A partir de 2020, Hoyos fue vinculado al Fovis por medio de 10 contratos que suman más de $156 millones, el último firmado en abril pasado.

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La segunda persona implicada es otra abogada, identificada como Carolina Neira Salazar, especialista en contratación estatal y quien laboró en el Fovis como contratista entre enero de 2020 y enero de 2023, según su hoja de vida. Posteriormente pasó a ser una funcionaria de carrera dentro de la misma entidad, hasta agosto de 2024.

Finalmente, la última persona relacionada con esta historia según la Personería es la abogada y también experta en contratación pública Ana Lucía Vélez Gómez. Ella es quien certificó a Neira como funcionaria. Vélez llegó a la entidad tras hacerle campaña al alcalde Montoya y luego de aspirar al concejo sabaneteño en las elecciones de 2019.

Tras conocer los personajes, es hora de develar la madeja desenredada por la Personería. Luego de recibir una denuncia el 7 de junio, la entidad le “metió el diente” al contrato 086 del 28 de noviembre de 2023, por $204 millones y que tenía como objeto contratar servicios profesionales para la creación de un plan de acción asociado al programa de titulación y legalización de predios de Sabaneta, en el marco del programa “Si legalizas, valorizas”, y para configurar los títulos necesarios de los bienes inmuebles del Fovis.

Uno de los primeros hallazgos de la Personería al revisar el contrato 086 es que sus estudios previos datan del 8 de mayo de 2023. En uno de los apartes de esos estudios aparecía que para hacer la elección de la persona más idónea se requería a un profesional experto en administración.

Para sorpresa de los peritos del Ministerio Público local, el millonario contrato del Fovis le fue otorgado a la empresa Proyección Legal –Abogados Consultores S.A.S., con NIT 901775888-7. Y, para más sorpresa, quien apareció como representante legal y controlante de Proyección Legal es el mismo abogado Sebastián Hoyos Tavera, contratista del Fovis desde 2020.

Al revisar la documentación de la empresa, la Personería halló que la misma fue creada el 23 de noviembre de 2023, o sea cinco días antes de la firma, como una microempresa dedicada a actividades jurídicas (y no de administración como sugerían los estudios previos).

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Pese a que la empresa de Hoyos nada tenía que ver con administración, en los análisis de idoneidad pasó en limpio. Aquel análisis fue elaborado por el mismo Hoyos, revisado por la especialista Neira y firmado por la gerente Vélez.

“El señor Hoyos Tavera tenía acceso a información privilegiada de la entidad con la que venía prestando sus servicios. Así mismo participó en la etapa precontractual para la elección de la oferta con la que se celebraría el contrato 086 toda vez que proyectó el documento en el que se analizó la idoneidad del contratista y se certificó que ‘cumplía’ con el perfil requerido”, se lee en el informe de la Personería, que de paso también cuestionó el papel de Vélez y Neira, quienes pese a ser especialistas en contratación pública habrían dejado pasar por alto esa situación.

Las sorpresas no terminan ahí. Según las pesquisas de la Personería, Hoyos y su empresa solo entregaron un informe de las actividades que supuestamente habrían realizado para el Fovis. En dicho informe se anexó un excel nombrado “Base de Datos Legalizaciones FOVIS”. Según la Personería, el documento tendría información que menciona a funcionarios del Fovis por lo que no queda claro qué parte hizo la gente del Fovis y qué hizo Proyección Legal.

Por otra parte, la Personería incluyó en su informe un extracto bancario de una cuenta de ahorros del banco Davivienda adscrita a Proyección Legal fechado el 19 de enero de 2024. En el mismo aparece que el 3 de enero de 2024 se le hizo una transferencia por $1,8 millones a una cuenta de Bancolombia. En la transacción quedó mencionada la cédula de Carolina Neira, para esa fecha jurídica del Fovis.

Por la gravedad de los hechos, la Personería envió copias del informe la Fiscalía, a los entes de control sabaneteños y al alcalde Alder Cruz.

Este diario contactó a la abogada Neira para conocer su postura frente al tema. Vía chat, ella dijo que conoce a Hoyos desde 2020 cuando ingresó al Fovis y ambos eran contratistas. Neira añadió que en 2023, tras ser vinculada al Fovis, no fue superiora de Hoyos ni tenía la supervisión del contrato, pues solo le fue designada en 2024.

Además, aseguró desconocer que Hoyos tuviera una empresa jurídica y dijo que solo se enteró “en el Comité de Contratación y en la revisión de los criterios jurídicos y técnicos para la ejecución del contrato”.

Frente al porqué Tavera redactó el informe en el que –según la Personería– se autocalificaba, Neira dijo que esto “fue un error humano generado en varios contratos de noviembre y diciembre de 2023”.

“Para agilizar el proceso pegué un formato tipo imagen y ello se puede evidenciar en Secop. Adicionalmente el error ocurrió en varios contratos e indicaba que la gerente era encargada y no era así”, dijo.

Frente al polémico pago desde la cuenta de Proyección Legal, Neira dijo que este se hizo para saldar la deuda que Hoyos tenía con ella por la venta de un celular Iphone 15 Pro Max. El celular habría sido pagado una parte en efectivo y la otra con la transferencia.

Neira confirmó que desde el 30 de agosto ella renunció al Fovis tras una una “solicitud expresa” para garantizar el desarrollo de las pesquisas de la Personería y comentó que está dispuesta a colaborar totalmente.

Por último, apuntó que para ella Proyección Legal no se encontraba en conflicto de intereses, pues Hoyos estaba adscrito al proyecto de Mejoramientos de Vivienda y al programa de Titulación y Legalización de Predios del FOVIS.

“El mismo Departamento Administrativo de la Función Pública ha conceptuado reiteradamente en casos similares y allí no opera conflicto de intereses. La empresa cumplió con los requisitos establecidos en los estudios previos y anexo técnico a este”, dijo.

Finalmente comentó que junto a Vélez, quien también renunció el 30 de agosto, solicitaron a la Personería una nueva evaluación, toda vez que para ellas se omitió información y en la visita no estuvieron. “La primera vez fue el personero y le mostraron 200 folios cuando el expediente se compone de 2.700. Estamos a la espera de que se evalúe todo el expediente”, dijo.

Este diario también buscó a la exgerente Vélez y al abogado Hoyos, por sus redes sociales y los números telefónicos de Proyección Legal respectivamente, para conocer más detalles del caso, pero no respondieron los mensajes.

De igual forma, se consultó al Fovis para conocer su versión sobre lo ocurrido ese contrato y con la Personería de Sabaneta, sin obtener ninguna respuesta.