La ocupación indebida del espacio público sigue siendo motivo de preocupación en distintos barrios del municipio de Rionegro. Esta vez, la denuncia proviene de los sectores de Los Llanos, El Llanito y Mirador del Lago, donde los andenes han sido apropiados por residentes para construir jardines, parqueaderos privados e incluso montar pequeños emprendimientos, impidiendo el paso peatonal y obligando a los ciudadanos a transitar por la vía vehicular.
“La situación se ha salido de control, no se puede caminar por los andenes. Nos toca bajarnos a la calle, donde pasan carros a toda velocidad. Es un peligro para todos, especialmente para los niños y las mascotas que terminan jugando en la vía porque los espacios peatonales ya no existen”, expresó un residente a DiariOriente.
Aunque algunos ciudadanos han intentado embellecer sus entornos con plantas u ornamentación, el problema radica en la invasión total del espacio destinado para el paso seguro de los peatones. Esta situación ha provocado accidentes y generado una creciente tensión entre vecinos.
No es la primera vez que este tipo de denuncias sale a la luz. En octubre de 2024, DiariOriente ya había visibilizado la problemática en sectores como Santa Teresa, donde algunos residentes colocan conos, materas o letreros para “reservar” parqueaderos públicos. Incluso se reportaron amenazas entre vecinos que intentaron hacer uso de estos espacios supuestamente “privatizados”.
A raíz de esa publicación, más ciudadanos comenzaron a reportar situaciones similares en otros barrios como El Porvenir, Senderos de Cimarronas, Jardín de Cimarronas, Quintas del Carretero, La Mota, La Cooperativa, Vegas de la Calleja, Tres Esquinas, Santa Ana y el propio Mirador del Lago.
En algunos casos, los residentes han llegado a construir techos sobre los espacios de parqueo público, mientras que en otros se han instalado avisos de “prohibido parquear” sin ninguna autorización legal.
Ante la gravedad de la situación, DiariOriente consultó a la administración municipal, la cual, en su momento, anunció operativos de inspección en barrios y zonas comerciales para garantizar el libre uso del espacio público.
No obstante, un año después, los habitantes exigen respuestas más contundentes, pues consideran que la ocupación irregular no solo afecta la movilidad, sino que también pone en riesgo la integridad de todos los ciudadanos.