Consulta 3.0: un nuevo intento fallido de imponer lo inadmisible

Colombia atraviesa una coyuntura institucional compleja, que nos exige actuar con claridad, con sensatez y, sobre todo, con firmeza democrática. El intento del presidente Gustavo Petro por imponer una consulta popular por decreto, desbordando los canales legales y desconociendo la voluntad del Congreso, no solo es un desacierto político: es una peligrosa señal de irrespeto por el Estado de Derecho.

No es la primera vez que el Gobierno lo intenta. En marzo vivimos la versión 1.0 de esta consulta, que se hundió por falta de apoyo. Luego vino una segunda propuesta, discutida y rechazada democráticamente por el Senado de la República.

Lejos de acatar esa decisión legítima, el presidente decidió recurrir a la improvisación jurídica y expidió el Decreto 0639 del 4 de junio de 2025, con el que pretendía convocar una consulta por vía administrativa.

La respuesta institucional no se hizo esperar. El registrador nacional suspendió el trámite, advirtiendo que no podía continuar un proceso sin sustento legal.

El Consejo de Estado fue enfático al señalar que el Ejecutivo no puede sustituir al Congreso, ni convocar consultas sin el cumplimiento del procedimiento previsto en las leyes estatutarias. Ambos pronunciamientos dejaron claro que este nuevo intento, la versión 3.0, también carece de piso jurídico.

Pero lejos de reconocer la solidez institucional, el Gobierno ahora acude a otra ocurrencia, una más, como patada de ahogado en medio del desespero electoral: hablan de revivir la “octava papeleta”. Nada más ignorante y absurdo.

La séptima papeleta, en su momento, fue una apuesta universitaria con sentido histórico. Surgió en los años 90, cuando el sistema electoral incluía elecciones para Senado, Cámara, Gobernaciones, Alcaldías, Asambleas y Concejos. Tenía coherencia, contexto y simbolismo.

Hoy, en un sistema con tarjetones impresos, hablar de papeletas es tan anacrónico como pedir una máquina Olivetti para escribir un decreto.

Decir que se necesita reformar la Constitución tampoco es ninguna novedad. La misma Constitución establece cómo debe hacerse, y en estos 33 años hemos tramitado decenas de actos legislativos con respeto al procedimiento y al Congreso.

Entonces, cabe preguntar: ¿Qué le falta al Gobierno constitucionalmente? ¿Qué le impide hacer los ajustes que promete?

La respuesta es tan clara como incómoda: lo que le estorba al Gobierno es el Congreso. Porque aquí no todos cedemos a chantajes ni a caprichos. Porque aquí hay quienes todavía creemos que la democracia se defiende en el debate, no en la imposición. Y porque, en el fondo, tal vez, lo que realmente se sueña desde el poder no es reformar el sistema, sino quedarse en él.

Desde mi curul, me he opuesto a la consulta no por mezquindad política, sino por convicción democrática. Creo firmemente que los cambios estructurales que necesita Colombia no se pueden imponer por decreto ni por presión mediática, sino a través del consenso, el respeto a la institucionalidad y la participación real de todos los sectores.

La democracia no se construye con frases efectistas ni con discursos de confrontación: se fortalece con reglas claras, con independencia de poderes y con legitimidad.

A Colombia no le conviene un presidente que actúe como candidato eterno, ni un Congreso que ceda ante la presión. Nos corresponde, hoy más que nunca, ser un dique frente al autoritarismo y una voz firme en defensa del orden constitucional.

La consulta no fue. La democracia, sí. Y mientras siga en riesgo, seguiremos aquí para defenderla.