Colombia está a punto de perder su dominio aéreo

Los cielos de Colombia están a punto de quedarse desprotegidos, debido a la falta de inversión y de decisión política del Gobierno para reemplazar la flota de aviones Kfir. Al mismo tiempo, los grupos armados ilegales están desarrollando sistemas de explosivos que se pueden lanzar desde drones comerciales, atacando a la Fuerza Pública y a la población civil por vía aérea.

La paradoja de esta situación, que pone en duda la efectividad del Estado para brindar seguridad desde el aire, quedó ejemplificada en las últimas dos semanas, con una desesperada declaración de un alto oficial militar y los truculentos ataques de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país.

“El tiempo apremia, porque la resistencia de nuestro equipo actual está siendo cada vez más exigida por el paso del tiempo, por lo que es imperativo proceder con su reemplazo de manera urgente”, dijo el pasado 10 de julio el general Carlos Silva Rueda, segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

Su súplica iba dirigida a la Casa de Nariño, porque es posible que los Kfir no duren más allá de 2025, cuando cumplan 45 años de operación. “La financiación está en manos del Departamento de Planeación del Ministerio de Hacienda, que debe encontrar los recursos necesarios, los cuales pueden estar distribuidos a lo largo del tiempo”, exclamó.

Desde el Gobierno no hubo una respuesta pública a lo que el oficial dijo en una rueda de prensa, en Bogotá.

Trece días después, en la noche del 23 de julio, una explosión causó una tragedia en una cancha del corregimiento El Plateado, en Argelia (Cauca). Se trató del atentado número 41 de este año perpetrado con drones por parte del Estado Mayor Central de las Farc (EMC).

El aparato soltó una granada de mortero que mató a un niño de 10 años y dejó heridas a otras 12 personas.

Desde finales de 2023, Inteligencia Militar detectó que los terroristas estaban practicando diferentes mecanismos para lanzar explosivos desde los drones. Los primeros ensayos fallaron, porque no lograban activar la pestilla que liberaba la granada a distancia; sin embargo, lograron perfeccionarlo en pocos meses y ahora esta es su principal arma contra las tropas en el Cauca.

Aunque los aviones de combate y los drones actúan en escenarios muy diferentes del espacio aéreo, llama la atención que mientras un bando del conflicto armado esté innovando armamento y creando su propia “fuerza aérea”, el otro esté dejando pudrir en los hangares su arma más poderosa.

¿Pero cuál es el problema con los Kfir y qué consecuencias tendría para Colombia su salida de operaciones?

Un camino lleno de espinas

Colombia le compró 24 de estas aeronaves de segunda a Israel, en dos tandas, entre 1987 y 2009. El propósito era tener un escuadrón de superioridad aérea, que sirviera para operaciones contra el narcotráfico y grupos terroristas, así como para salvaguardar las fronteras y la soberanía nacional.

Este último aspecto estuvo a prueba en dos ocasiones. El 28 de octubre de 2013, dos bombarderos rusos Tupolev 160, con capacidad para transportar cabezas nucleares, invadieron el espacio aéreo colombiano en el Caribe, mientras hacían una ruta entre Venezuela y Nicaragua. Las aeronaves extranjeras fueron interceptadas por dos Kfir, que las obligaron a salir del área.

Y el 19 de abril de 2021, en la península de La Guajira, hubo otro sobrevuelo no autorizado de un Illyushin II-96-400VPU, una aeronave de inteligencia del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB). De nuevo, un par de Kfir la forzaron a desplazarse de nuestro territorio.

Esta capacidad de disuasión está a punto de perderse, debido a la antigüedad de la flotilla. Desde 2011 la FAC le presentó al Gobierno un proyecto para reemplazar el escuadrón. Luego de muchos análisis técnicos, logísticos, financieros y militares, la Institución sugirió cuatro opciones de aeronave: los F-16 de EE.UU., fabricados por la empresa Lockheed Martin; los Gripen, de la firma SAAB de Suecia; Eurofighter Typhoon, producidos por el consorcio de BAE Systems (Reino Unido), Airbus Group (Países Bajos) y Alenia Aeronautica (Italia); y los Rafale, de Dassault Aviation (Francia).

El gobierno de Juan M. Santos aplazó la compra durante sus ocho años de mandato (2010/18), prefiriendo contratar la repotenciación de las máquinas.

A su turno, el presidente Iván Duque (2018/22) llegó a tener conversaciones muy adelantadas para adquirir los F-16 de EE.UU., pero la pandemia de la covid-19 apretó los gastos del Estado y se priorizaron otros programas.

Aún así, logró que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobara una partida de 678 millones de dólares en inversión militar (Documento Conpes N°4078), con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

Con ese dinero, le correspondía al gobierno de Gustavo Petro hacer la compra. Su idea inicial era adquirir una flota de 16 cazas Rafale, que luego rebajó a cuatro, lo que obligaba a Dassault Aviation a modificar las condiciones de su oferta, no solo en lo relativo a precios, sino a los aditamientos y programas offset que vienen con esa venta: software de aviónica, radares, entrenamiento y demás.

En el estudio de esas modificaciones contractuales, las partes dejaron vencer el tiempo para aplicar el Conpes y esa plata se la llevó el viento.

La situación se agravó el 29 de febrero de 2024, cuando Petro ordenó suspender la compra de armas a Israel, en respuesta a la sangrienta incursión de esa nación en la Franja de Gaza. El 1° de mayo siguiente se oficializó la ruptura total de las relaciones diplomáticas.

Ese país era uno de los proveedores estratégicos de arsenal para Colombia, desde vehículos hasta armas y equipos de telecomunicaciones para la Policía y las Fuerzas Militares.

El Gobierno había suscrito en 2022 un contrato de 6 millones de dólares para que la Industria Aeroespacial de Israel (IAI) le hiciera el mantenimiento a los Kfir hasta finales de 2024, pero es claro que no hay intenciones de renovarlo.

Costos y voluntades

En entrevista con EL COLOMBIANO, el general (r) Guillermo León León, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore) y excomandante de la FAC (2013/15), recordó que de la flota de 24 Kfir, tres se accidentaron y otros tres fueron retirados del servicio a principios de este año.

Los 18 que quedan se alternan entre los talleres de los hangares y la disponibilidad operativa; de hecho, hoy solo hay siete en el aire. Se han repotenciado tantas veces, que del modelo C2 adquirido en los años 80, ahora los pilotos vuelan en C12, y aunque se han ido renovando algunas piezas, todavía tienen los viejos motores tipo phantom que se crearon para la Guerra de Vietnam.

Los Kfir están descontinuados, lo que hace cada vez más difícil obtener repuestos. Además de Colombia, solo Ecuador y Sri Lanka tuvieron esta clase de cazas y también los están retirando de servicio.

Las reparaciones tienen menores garantías, los costos de las piezas se incrementaron y los motores, de tecnología antigua, consumen más combustible. Esto hace que elevar un Kfir, hoy en día, tenga un valor cercano a los $89 millones por hora.

Lo que se avisora en el futuro cercano es que las máquinas entren en modo “caníbal”, es decir, que haya que quitarle repuestos a unas para ponerle a las otras, y de dos naves armar una sola.

El general León (r) recalcó que los demás aviones con los que dispone la FAC son de tubo hélice y con ellos no se puede reemplazar a los Kfir.

“El Gobierno conoce la necesidad, pero no toma las decisiones”, aseveró.

Erich Saumeth, analista de seguridad y defensa, opinó que “sin un caza de superioridad aérea se hace muy difícil proteger el espacio aéreo. Colombia ha venido adquiriendo radares que permiten detectar las amenazas, pero no sirven de nada si no hay cómo interceptarlas en el aire”.

Añadió que “las organizaciones narcotraficantes están adquiriendo aviones que superan las capacidades operacionales de los nuestros de turbo hélice, como el Súper Tucano y el Texan, entonces necesitamos una nave de reacción”.

Un avión de combate, según el modelo y características, tiene un valor que oscila entre los US90 millones y US160 millones de dólares. Para León, lo mínimo es contar con una flota de 16, para organizar dos escuadrones de seis cazas y tener cuatro en reserva para eventualidades.

Independientemente de la marca que se elija, “lo ideal es que sean nuevos, no de segunda”, dijo, para no incurrir en más gastos de reparación a futuro.

¿Pero el Gobierno si está interesado en hacer una inversión de este tipo?

En recientes viajes a Francia y Suecia, el presidente Petro ha explorado las opciones de financiación de aviones Rafale y Gripen, aunque sin tener un presupuesto definido.

La situación económica es cada vez más compleja. La Contraloría reveló la semana pasada que los ingresos tributarios del Estado cayeron $15,82 billones en el primer semestre de 2024, es decir, 17% menos ingresos que lo recaudado en ese lapso de tiempo de 2023.

El Ministerio de Hacienda tuvo que hacer un recorte presupuestal del 5,6% en todas las entidades del Gobierno, afectando sus programas de inversión, con el propósito de recuperar $20 billones y alivianar el déficit financiero.

A esto se suma un ambiente político difícil dentro del Pacto Histórico, el movimiento que respalda al Presidente, pues varios de sus integrantes no están de acuerdo en comprar máquinas de guerra, sino en impulsar el controvertido proyecto de “paz total”.

El pasado 9 de julio en la Escuela de Cadetes José María Córdova en Bogotá, durante la transmisión de mando de los nuevos comandantes de las FF.MM. y la Armada, Petro dio pistas de la angustiosa situación de la cartera militar.

“Ese es un objetivo (el fortalecimiento de las FF.MM.) que se cruza con nuestra realidad económica, hubo un enorme sobreendeudamiento del país para cubrir la reacción contra el covid, y esa deuda hay que pagarla en estos dos años, 5.600 millones de dólares. Tendremos que priorizar inversiones en diferentes terrenos, especialmente sociales. Sin el tema social, no se pueden solucionar los conflictos que tenemos”, afirmó.

Sobre este asunto, EL COLOMBIANO consultó la posición de la FAC, pero al cierre de edición no llegó su respuesta.

Mientras las indecisiones y las afugias financieras siguen rondando al Gobierno, de los campamentos guerrilleros continúan despegando drones con explosivos.

Para el general (r) León, un escuadrón de superioridad aérea es como un seguro de vida, que pareciera no necesitarse en días de tranquilidad, pero que es vital cuando ronda una catástrofe.

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