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Un juzgado en Bogotá exigió a la senadora Cabal ofrecer disculpas públicas tras considerar que sus declaraciones vulneraron los derechos de las víctimas
El Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá ordenó a la senadora María Fernanda Cabal rectificar y disculparse públicamente por afirmaciones relacionadas con el exterminio de la Unión Patriótica (UP), al considerar que sus declaraciones fueron estigmatizantes y contrarias a la verdad judicial.
Plazo y condiciones de la rectificación
La decisión establece un plazo máximo de cinco días para que la congresista emita la corrección, la cual deberá difundirse por los mismos canales en los que realizó las declaraciones originales.
El fallo responde a una acción de tutela presentada por la Defensoría del Pueblo, entidad que advirtió que las afirmaciones contribuían a reproducir discursos que históricamente han afectado a las víctimas del partido político.
Declaraciones bajo cuestionamiento
Las declaraciones se dieron en una entrevista en octubre de 2025, donde Cabal aseguró que la UP era un “brazo político” de grupos guerrilleros y negó la responsabilidad del Estado en su exterminio.
Estas afirmaciones generaron polémica, especialmente por contradecir decisiones judiciales y procesos de memoria histórica sobre este episodio.
Libertad de expresión y responsabilidad pública
Durante el proceso, la senadora defendió sus palabras bajo el argumento de la libertad de expresión. Sin embargo, la jueza concluyó que, al tratarse de una figura pública, sus manifestaciones deben cumplir estándares de veracidad, responsabilidad y respeto por los derechos fundamentales.
El fallo establece que no se trató de opiniones aisladas, sino de afirmaciones que pueden afectar la dignidad, la memoria y la reputación de las víctimas.
La verdad judicial sobre la UP
La decisión se apoya en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2022 declaró responsable al Estado colombiano por el exterminio sistemático de la UP desde la década de 1980.
Además, múltiples investigaciones de entidades nacionales han documentado este caso como uno de los episodios más graves de violencia política en el país.
Lo que sigue en el proceso
La decisión puede ser impugnada por la congresista Cabal. Mientras tanto, el fallo sienta un precedente sobre los límites del discurso público, especialmente cuando se trata de hechos históricos y derechos de las víctimas.
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El caso vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad de los líderes políticos en la construcción de memoria y en el tratamiento de temas sensibles para la sociedad.
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