Cancelar la regla fiscal: Un atajo hacia el precipicio económico

En los pasillos del poder en Colombia se debate una idea tan seductora como peligrosa: utilizar una “cláusula de escape” para suspender, en la práctica, la Regla Fiscal.

El objetivo declarado es liberar recursos para financiar la ambiciosa agenda de gasto social e inversión del gobierno. Si bien las metas de reducir la desigualdad y transformar la matriz productiva del país son loables, la ruta elegida para financiarlas podría socavar los cimientos mismos de la estabilidad macroeconómica de Colombia, lograda con tanto esfuerzo durante décadas.

Nuestro deber es analizar las políticas no solo por sus intenciones, sino por sus consecuencias probables. Y en este caso, las consecuencias de abandonar la disciplina fiscal serían, con una alta probabilidad, graves y duraderas.

La Regla Fiscal no es un capricho tecnocrático ni un obstáculo para el progreso social. Es el ancla principal de la credibilidad de Colombia ante los mercados nacionales e internacionales. Es un pacto de responsabilidad que le asegura a quienes financian al Estado —desde el ciudadano que compra un bono TES hasta el gran fondo de inversión en Nueva York— que el país tiene un compromiso con la sostenibilidad de su deuda.

Romper este pacto, o usar una cláusula de emergencia diseñada para catástrofes imprevistas (como una pandemia) para financiar gastos permanentes, sería percibido como lo que es: una carta blanca para el endeudamiento sin control.

La reacción de los mercados sería inmediata y predecible. La primera víctima sería la confianza. A continuación, se desataría una cadena de efectos adversos:

Aumento del Costo de Financiamiento:

Los inversores, al percibir un mayor riesgo de impago o de desorden fiscal, exigirían una prima de riesgo mucho más alta para prestarle dinero a Colombia.

Las tasas de interés de los bonos del gobierno se dispararían. Irónicamente, esto significaría que una porción cada vez mayor del presupuesto nacional tendría que destinarse a pagar intereses de la deuda, restando aún más recursos para la inversión social que se pretendía financiar.

Rebaja de la Calificación Crediticia:

Las agencias calificadoras de riesgo, como S&P, Moody’s y Fitch, muy probablemente degradarían la calificación de la deuda soberana de Colombia, empujándola más adentro del territorio especulativo.

Esto no solo encarecería el crédito para el gobierno, sino también para las empresas colombianas, frenando la inversión privada y la creación de empleo.

Fuga de Capitales y Devaluación del Peso:

Ante la incertidumbre, los capitales buscarían refugio en economías más estables. La salida de dólares presionaría al alza el tipo de cambio, provocando una fuerte devaluación del peso colombiano. Un peso más débil encarece las importaciones, desde alimentos y bienes de consumo hasta la maquinaria y los insumos que necesita la industria nacional.

Espiral Inflacionaria:

La combinación de una masiva inyección de gasto público (que dispara la demanda) y una devaluación del peso (que encarece la oferta) es la receta perfecta para la inflación.

El Banco de la República se vería forzado a mantener o incluso a subir drásticamente sus tasas de interés para combatir el alza de precios, lo que enfriaría aún más la economía y golpearía el bolsillo de todos los ciudadanos, especialmente el de los más vulnerables, a quienes se supone que estas políticas buscan ayudar.

La inflación es, al final del día, el impuesto más regresivo de todos.

Quienes defienden la suspensión de la regla argumentan que la ortodoxia fiscal ha fracasado en cerrar las brechas sociales. Es un debate válido. Sin embargo, la solución no es demoler el edificio para arreglar una gotera.

El camino hacia un desarrollo más equitativo no pasa por el atajo del gasto irresponsable, que conduce a crisis de deuda, inflación galopante y un empobrecimiento generalizado, como lo demuestra la historia de tantos países en nuestra propia región.

El verdadero desafío para Colombia es llevar a cabo las transformaciones sociales dentro de un marco de responsabilidad. Esto implica una discusión seria sobre la eficiencia del gasto público, una lucha frontal contra la evasión fiscal que le cuesta al país billones y la reorientación de subsidios ineficientes.

La disyuntiva para Colombia es clara: la ilusión de una prosperidad efímera financiada con deuda sin anclas, que casi con seguridad terminará en una dolorosa resaca económica; o la construcción paciente de un bienestar duradero sobre los sólidos cimientos de la responsabilidad y la confianza. Elegir el atajo es elegir el precipicio. Colombia merece un futuro más estable.