Camilo Romero y Pedro Rodríguez: La historia de los $ 700 millones en el escándalo de la UNGRD

“Director jurídico de la Gobernación, los cuatro años que estuve”. Ese es el mensaje que el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, le envió a Olmedo López el 03 de mayo de 2023. Se refería a Pedro Rodríguez, quien había trabajado con él durante toda su gestión en el Departamento de Nariño. La hoja de vida en PDF aparece en el chat junto a otras tres que también le envió Romero al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

Todos esos nombres terminaron siendo contratados en la Unidad, al punto de que aún permanece allí Yezid Salamanca, quien en un primer momento fue contratista y luego asesor del actual director, Carlos Carrillo, y está encargado de resolver el problema con los pobladores de Rosas en el Cauca, a los el Gobierno no les ha cumplido las promesas de reubicación, vivienda y proyectos productivos tras el derrumbe que afectó a más de 700 familias.

El 23 de junio del año pasado la UNGRD publicó un comunicado con la posesión de Rodríguez, poco más de un mes después de que Romero le recomendó su hoja de vida al director. El comunicado tiene la foto del juramento que le hizo Rodríguez a Olmedo López. El cargo para el que era contratado fue el de asesor. “En su amplia trayectoria profesional, el nuevo asesor de la Dirección General tiene experiencia como gerente en la Sociedad de Beneficio de Interés Colectivo Nariño-Ok y asesor regional para el departamento de Nariño de la Federación Nacional de Departamentos. Asimismo, se ha desempeñado como delegado del Consejo Nacional Electoral para el departamento del Meta en las elecciones de 2020, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Nariño”, decía en el comunicado.

Solo tres meses después de su nombramiento como asesor de la dirección, la UNGRD empezó a estructurar el contrato de los carrotanques para La Guajira que se terminó concretando y firmando en octubre de ese año. Las empresas que participaron fueron Luket SAS, Brand SAS e Impoamericana Roger, todas del contratista nariñense Luis Eduardo López. Este trató de engañar a las autoridades con una mezcla de nombres en las gerencias y representación legal de sus compañías para hacer creer que se trataba de una competencia entre diferentes, pero en realidad era él mismo el cerebro detrás de la contratación.

El proyecto finalmente se lo ganó Impoamerciana Roger por 46.800 millones de pesos y luego vinieron los pagos en tulas, el dinero en efectivo, los encuentros y los chats con los presidentes del Congreso, la exalta asesora para las regiones, Sandra Ortiz, y las supuestas reuniones de cónclave que Olmedo señaló a la justicia como parte de la “organización criminal”, calificativo que usó la propia Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos.

EL COLOMBIANO conoció detalles de la declaración de López sobre el papel de Rodríguez, quien permanece en libertad, en todo el entramado de corrupción. El contratista está buscando un acuerdo con la Fiscalía que le permita pasar menos años en la cárcel, luego de regresar 4.000 millones de pesos. López Rosero le dijo al ente acusador que el asesor de Olmedo le pidió 700 millones de pesos en efectivo como cuota para poder ganar el contrato. Finalmente, de esos 700 millones, 300 se entregaron en Bogotá directamente al asesor y los otros 400 se hicieron a través de una transferencia a la pareja de Rodríguez. Una vez hecho el pago, la UNGRD decidió entregarle el contrato al empresario pastuso. López acudió a la empresa Kewnworth de la montaña en su sede en Pasto y le compró los carrotanques por 600 millones cada uno, aunque a a la UNGRD se los facturó al doble, en 1.200 millones de pesos.

La confusión de los 8.000 millones

En la audiencia de imputación en la que la Fiscalía señaló directamente al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; al exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González; y a la exasesora para regiones, Sandra Ortiz, de participar en el organigrama de corrupción, quedó claro el movimiento con los 4.000 millones de pesos que se habrían entregado a Iván Name, expresidente de Senado y Andrés Calle, expresidente de la Cámara (ambos lo niegan).

Según la corroboración de la Fiscalía, en octubre se habría producido el pago a Name y Calle- por las elecciones locales de ese mes- y para ello el exsubdirector Sneyder Pinilla habría conseguido un crédito que después se pagó con el dinero que el contratista de los carrotanques le entregó directamente en enero de este año y con intereses por un total de 4.200 millones. Ambos testigos tienen pruebas, chats y fotografías de los dos movimientos con el dinero en efectivo en bolsas negras y la coordinación con Sandra Ortiz y Andrés Calle para recibir los recursos en Bogotá y Montería.

EL COLOMBIANO buscó al embajador Romero en Argentina y dijo que respondería un cuestionario que este diario le envió. Sin embargo, hasta ahora no contestó. La Fiscalía está avanzando también en los nombres del escándalo que tenían cargos medios como el de Rodríguez y podrían contribuir a aportar información relevante que de pistas sobre quiénes más tuvieron participación. Se esperan acciones puntuales sobre la exasesora Ortiz en los próximos días.

La salida de Carlos Ramón González

El último movimiento del Gobierno del presidente Gustavo Petro fue decidir la salida de Carlos Ramón González, uno de los aliados más cercanos desde sus tiempos en la guerrilla del M-19. González era el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) cuando supuestamente sucedieron los sobornos de la Unidad a congresistas. El presidente aceptó su renuncia, tras señalar que consideraba incompatible su vinculación al escándalo con la dirección de una agencia de inteligencia de carácter civil. González es el segundo funcionario del Gobierno que cae, luego de que Petro también le solicitó la salida a Sandra Ortiz, quien, hoy se dice, es la piedra angular del escándalo y podría ser una delatora importante para la Fiscalía.