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La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) impuso una multa superior a los $753 millones al proyecto hidroeléctrico Hidroituango por presuntos incumplimientos a la normativa ambiental durante su ejecución. La decisión, contenida en la Resolución 003535 del 17 de diciembre de 2025 y notificada el 30 del mismo mes, vuelve a poner en el centro del debate público la viabilidad ambiental de los megaproyectos energéticos en Colombia y el alcance de los controles estatales sobre este tipo de obras.
Según informó la Anla, la sanción exacta asciende a $753.143.434 y recae sobre Empresas Públicas de Medellín (EPM) en su calidad de mandataria e integrante de la Sociedad Hidroituango. La medida es el resultado de un proceso sancionatorio iniciado en 2018, tras un seguimiento ambiental que permitió identificar presuntas infracciones asociadas a la operación del proyecto hidroeléctrico en Antioquia.
De acuerdo con la autoridad ambiental, Hidroituango fue declarado responsable por cuatro cargos específicos: la captación de agua en volúmenes superiores a los autorizados en la concesión; el incumplimiento de las acciones de reconformación y recuperación del cauce del río San Andrés y de su zona de inundación; la superación de los niveles máximos permisibles de material particulado y otros contaminantes atmosféricos en la planta de asfalto ubicada en la zona industrial conocida como El Valle; y fallas en la implementación de medidas previstas en el Plan de Manejo Ambiental, particularmente en la disposición y almacenamiento de materiales en zonas de botadero.
Adicionalmente, la Anla señaló presuntos incumplimientos relacionados con el ajuste y la presentación del Plan de Inversión del 1 %, una obligación ambiental orientada a la protección de los recursos hídricos. Según el auto 011715, divulgado el pasado 9 de enero, EPM habría omitido información técnica y financiera sobre la adquisición de predios y mejoras en áreas estratégicas como páramos, bosques de niebla y zonas de recarga acuífera, correspondientes al periodo comprendido entre 2011 y 2022.
No obstante, en la misma resolución, la autoridad ambiental absolvió a Hidroituango de seis cargos adicionales formulados en el proceso, al concluir que no existían pruebas suficientes para acreditar dichas infracciones. Para EPM, esta absolución parcial evidencia el rigor del proceso de vigilancia y la solidez del material probatorio aportado durante el trámite administrativo.
La reacción de la empresa no se hizo esperar. A través de un comunicado enviado a la Superintendencia Financiera, EPM manifestó su desacuerdo con la sanción e informó que interpondrá un recurso de reposición en la vía administrativa, además de adelantar las acciones judiciales que considere necesarias para buscar la nulidad del acto sancionatorio. La compañía aseguró que agotará todas las instancias legales disponibles para demostrar que ha cumplido con las obligaciones ambientales exigidas y defendió la gestión del proyecto, uno de los más ambiciosos del país en materia de generación de energía.
La Anla, por su parte, recalcó que la sanción aún no es definitiva y que la normativa vigente garantiza el derecho a la defensa del titular del proyecto. Sin embargo, advirtió que algunas de las conductas señaladas, en especial la captación de agua por encima de los caudales concesionados, revisten particular gravedad por sus posibles impactos sobre los ecosistemas y las comunidades ubicadas aguas abajo.
La nueva multa se suma al historial de sanciones, investigaciones y controversias ambientales que han marcado el desarrollo de Hidroituango, un proyecto estratégico para el sistema energético nacional que continúa bajo la estrecha vigilancia de las autoridades ambientales.
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