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En medio de la polvareda política que persiste por cuenta de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de formular cargos a la campaña del presidente Gustavo Petro por presunta violación de topes electorales, este viernes se conoció que ante la Comisión de Acusación de la Cámara fue radicada una demanda contra los magistrados del Consejo de Estado que ratificaron la competencia del CNE para investigar al primer mandatario.
Semanas atrás, ese alto tribunal resolvió el conflicto de competencias entre el CNE y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para abordar la investigación. Justamente, esa célula legislativa reclamó competencia para estudiar y abordar el caso contra el presidente.
Sin embargo, la Sala de Consultas del Consejo de Estado ratificó que en materia administrativa el CNE sí tiene potestad para investigar al primer mandatario. Eso sí, declaró que los procesos penales o disciplinarios contra el presidente siguen siendo de resorte de la Comisión.
A ese organismo –que además del presidente investiga a los magistrados de las altas cortes–, acaba de llegar una demanda contra los togados Ana María Charry, María del Pilar Bahamón y John Jairo Morales, quienes pertenecen a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Según la demanda, serían responsables de los delitos de prevaricato por acción y abuso de la función pública.
Por otro lado, se pide una inspección a la Sala de Consulta y a la oficina de la magistrada María del Pilar Bahamón –ponente del fallo– para conseguir una copia del trámite.
En paralelo, este mismo viernes se conoció que fueron denunciados los siete magistrados del CNE que votaron a favor de investigar al presidente. De acuerdo con la fiscal Luz Adriana Camargo, que dio traslado a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, se trata de una denuncia por el delito de prevaricato.
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La decisión del CNE de abrirle una investigación a su campaña desató la faceta más combativa del mandatario que, al insistir en la tesis de golpe de Estado, arreció en sus críticas, atacó a la oposición y hasta lanzó temerarias acusaciones a los propios magistrados.
Lo cierto es que una eventual decisión adversa contra su campaña no solo tardará al menos ocho meses, sino que se zanjaría únicamente con una sanción administrativa, es decir, una multa para el candidato y los demás investigados de entre el 1 % y 10 % de los recursos que el Estado le entregó a la campaña o la devolución del dinero.
Aunque el presidente ha intensificado su diatriba alrededor del golpe de Estado –lo que se traduce en gasolina para su Gobierno con miras a las elecciones de 2026–, expertos coinciden en que el proceso no conducirá a su salida del cargo, pues esa facultad sigue siendo de la Comisión de Acusación de la Cámara, como lo ratificó el Consejo de Estado.
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Para el jurista Rodrigo Uprimny –investigador de la corporación Dejusticia y profesor universitario–, la esencia del fuero presidencial de Petro permanece “intacta”, en la medida en que el CNE no puede destituirlo ni suspenderlo. Si bien reconoció que hay “objeciones serias a la imparcialidad” del organismo electoral, Uprimny insistió en que la Constitución establece que el jefe de Estado solo puede ser destituido o suspendido por un juicio ante el Congreso.
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