Ya van 133 líderes sociales asesinados en 2026: Indepaz reporta dos nuevos crímenes en Chocó y Cali

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó dos nuevos asesinatos de líderes sociales en Colombia, con los cuales la cifra de víctimas en lo que va de 2026 ascendió a 133. Se trata de Ramiro Forastero, gobernador del territorio indígena de Villa Nueva Jurubidá, en Nuquí, Chocó, y de Andrés Felipe Candelo, líder comunitario y defensor de derechos humanos de la comuna 11 de Cali.

Gobernador indígena y su hijo fueron secuestrados y hallados sin vida en Nuquí

Ramiro Forastero se desempeñaba como gobernador del territorio indígena de Villa Nueva Jurubidá, en jurisdicción del municipio de Nuquí, en el litoral Pacífico chocoano. De acuerdo con el reporte de Indepaz, el líder y su hijo, Elmer Forastero, fueron secuestrados el pasado 24 de octubre y sus cuerpos fueron encontrados el 28 del mismo mes.

El crimen sacudió al pueblo indígena emberá dóbida: tras los hechos, cerca de 500 personas abandonaron sus territorios y se desplazaron inicialmente hacia Jurubirá, con destino al casco urbano de Nuquí, en busca de protección. Entre los desplazados hay mujeres, niños, autoridades ancestrales y adultos mayores, que reciben acompañamiento de la Defensoría del Pueblo.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia condenó este lunes los dos asesinatos y expresó su preocupación por el desplazamiento forzado. «Exhortamos a los grupos armados no estatales que se encuentran en confrontación en ese territorio, a respetar a la población civil, en todo tiempo y lugar», señaló el organismo, que recordó que los homicidios, la tortura, los tratos crueles, la toma de rehenes y el desplazamiento forzado de personas que no participan en las hostilidades constituyen «graves infracciones del derecho internacional humanitario».

La ONU también llamó a las autoridades a investigar los crímenes de Ramiro y Elmer Forastero, juzgar y sancionar a los responsables, y advirtió que para los pueblos indígenas el desplazamiento forzado no solo implica abandonar las viviendas, sino separarse de sus cultivos, animales y medios de subsistencia.

La zona lleva años bajo alerta. La Alerta Temprana 009/24 de la Defensoría del Pueblo advierte sobre los riesgos derivados de la presencia y la expansión de las AGC (Bloque Pacífico) y el ELN (Frente de Guerra Cimarrón), en un contexto marcado por la disputa por el control territorial y de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico. Esa situación ha generado afectaciones a comunidades indígenas y afrodescendientes, entre ellas confinamientos, restricciones a la movilidad, amenazas y riesgos de reclutamiento de menores.

Foto: Redes Sociales.

Líder comunitario asesinado en la comuna 11 de Cali

El segundo caso corresponde a Andrés Felipe Candelo, líder comunitario, defensor de derechos humanos y militante del partido Comunes, reconocido por su trabajo en la comuna 11 de Cali, en el oriente de la capital vallecaucana. Indepaz lo registró como el líder social asesinado número 133 de 2026.

Según el instituto, los hechos ocurrieron el 26 de octubre. La muerte del líder es materia de investigación y, por ahora, la información preliminar indica que el crimen se presentó en el barrio Fortaleza de Cali.

Sobre la ciudad pesa la Alerta Temprana 012/25 de la Defensoría del Pueblo, que advierte que Santiago de Cali se ha convertido en un nodo estratégico del crimen organizado, donde el reclutamiento de jóvenes es una de sus principales dinámicas, junto con el uso de la ciudad como plataforma criminal y zona de refugio por parte de los grupos armados.

Una cifra que no para de crecer

Con estos dos nuevos casos, el conteo de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2026 llegó a 133, de acuerdo con Indepaz. La Defensoría del Pueblo, en su balance más reciente, reportó 126 asesinatos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año, entre ellos 99 hombres y 27 mujeres. Cauca es el departamento más golpeado, con 32 casos, seguido por Antioquia y Valle del Cauca, con 14 cada uno.

Las organizaciones sociales han insistido en que la violencia contra los liderazgos no da tregua y han pedido garantías para quienes ejercen representación comunitaria y defensa de derechos en las regiones del país.

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