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La puerta que la defensa de Wadith Manzur buscaba abrir para recuperar su libertad volvió a cerrarse. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud con la que sus abogados pretendían dejar sin efecto la medida de aseguramiento que mantiene al congresista electo privado de la libertad por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En la decisión, la Corte declaró “impróspera” la solicitud de control de legalidad sobre la detención preventiva impuesta a Manzur en marzo de 2026, proferida por la Sala Especial de Instrucción. “En consecuencia, NEGAR la libertad del procesado”, dice el documento.
La providencia también señala que contra esta decisión no procede recurso alguno, de acuerdo con el inciso final del artículo 392 de la Ley 600 de 2000.
El fallo también precisa que una actuación presentada por la defensa de Karen Manrique, quien igualmente está vinculada al proceso, fue resuelta únicamente en los términos de la solicitud que aquella defensa apoyó y que la decisión sobre Manzur no comprende la medida de aseguramiento impuesta a Manrique.
El planteamiento pretendía que se revisara la legalidad de la medida de aseguramiento y que, a partir de esa revisión, se ordenara su libertad.
La discusión, por tanto, estaba concentrada en la detención preventiva y no en una sentencia definitiva sobre la responsabilidad penal del congresista.
La Corte, después de revisar los argumentos de la defensa, concluyó que no había razones para dejar sin efecto la medida que había sido ordenada en marzo.
Uno de los puntos centrales de la defensa estaba relacionado con una decisión que la Corte había tomado en julio de 2025, cuando decidió no imponerle una medida de aseguramiento.
Los abogados consideraban que aquella determinación debía mantenerse y que la situación jurídica de Manzur no podía ser modificada posteriormente en los términos en que ocurrió.
Sin embargo, el alto tribunal explicó que el avance del proceso puede llevar a que la situación jurídica de una persona sea revisada nuevamente. Por eso, la decisión adoptada en marzo de 2026, cuando se ordenó la detención preventiva de Manzur, podía ser objeto de análisis dentro de la nueva etapa procesal.
La decisión llega luego de que Manzur pasara de la Escuela de Carabineros, donde incluso intentó buscar una salida jurídica para poder asumir la curul que obtuvo en las elecciones legislativas de marzo, a ser recluido en La Picota.
En julio, su defensa hasta pidió que pudiera trasladarse temporalmente al Congreso para posesionarse como senador. Posteriormente, también solicitó que la Mesa Directiva del Senado sesionara virtual para realizar allí el acto de posesión.
El Senado finalmente determinó que no existía fundamento legal para una posesión virtual ni para realizarla desde el lugar de reclusión.
La situación de su curul quedó, además, atravesada por la regla que establece como causal de pérdida de investidura no tomar posesión dentro de los ocho días siguientes a la instalación de las cámaras.
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