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En un fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior de Medellín confirmó la sentencia que ampara el derecho fundamental a la participación ciudadana en la consulta popular para decidir la conformación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. La decisión se produjo luego de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público impugnara el fallo inicial.
Mediante la Sentencia No. 337, la Sala Primera de Decisión de Familia del Tribunal concluyó que la falta de coordinación y la inacción administrativa entre el Ministerio de Hacienda y la Registraduría Nacional del Estado Civil pusieron en riesgo real el ejercicio democrático de los ciudadanos de los municipios convocados a participar en la consulta.
El alto tribunal fue enfático en señalar que los mecanismos de participación ciudadana no pueden quedar vacíos de contenido por trámites burocráticos ni por dilaciones injustificadas del Estado. Aunque precisó que el juez constitucional no puede sustituir al Ejecutivo en la dirección del presupuesto público, dejó claro que la democracia no puede suspenderse por razones administrativas.
Como parte de la decisión, el Tribunal ajustó la orden impartida en primera instancia y dispuso que el Ministerio de Hacienda y la Registraduría Nacional adelanten, de manera coordinada, todos los trámites administrativos y presupuestales necesarios para garantizar los recursos que permitan realizar la consulta popular, estableciendo un plazo máximo de tres meses. Además, advirtió que el incumplimiento de lo ordenado puede acarrear sanciones legales.
A diferencia del fallo inicial, el Tribunal determinó que la Registraduría no debía ser desvinculada del proceso, al considerar que la garantía efectiva del derecho a la participación ciudadana exige una actuación conjunta y responsable de todas las entidades involucradas.
La consulta popular busca que los habitantes de Rionegro, El Carmen de Viboral, La Ceja, El Retiro, La Unión, Guarne, El Santuario y San Vicente Ferrer decidan si se integran o no en el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, un proceso que ha generado tensiones entre las autoridades territoriales y el Gobierno nacional.
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