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El Tribunal Administrativo de Antioquia aceptó para estudio la demanda presentada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en la que cuestiona el papel del Gobierno Nacional frente a la crisis actual del sistema de salud en la ciudad. La acción judicial, interpuesta el pasado 29 de mayo, señala como responsables a varias entidades del orden nacional, entre ellas los ministerios de Salud y Hacienda, la Superintendencia de Salud, la ADRES y las EPS intervenidas.
La demanda también solicita una medida cautelar urgente que evite daños mayores a la prestación de servicios en clínicas y hospitales. El Tribunal otorgó cinco días hábiles al Gobierno para emitir una respuesta frente a esta solicitud. Además, ordenó la vinculación de toda la red hospitalaria —tanto pública como privada—, así como de la Procuraduría General, para que aporten información sobre los hechos expuestos.
De acuerdo con el alcalde, uno de los puntos más delicados es el bajo porcentaje de recursos que estarían recibiendo las instituciones médicas de la ciudad, el cual rondaría apenas el 6 % de lo adeudado por la atención brindada a los usuarios. Esta situación ha generado alertas en centros como el Hospital General de Medellín, al que se le deben $128.000 millones, y en Metrosalud, con una deuda cercana a los $32.000 millones.
Con la admisión de la demanda, se habilita la participación de ciudadanos y organizaciones que deseen sumarse al proceso como parte interesada en la defensa del derecho a la salud. La acción fue presentada por Gutiérrez en su rol como máxima autoridad sanitaria del municipio, argumentando que la intervención estatal en varias EPS y el retraso en los giros de recursos a las IPS han deteriorado gravemente el sistema.
Este paso judicial deja en manos del Tribunal la revisión de los posibles incumplimientos señalados, en un contexto en el que la atención en salud enfrenta tensiones financieras y operativas en distintos puntos del país.
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