Sin presupuesto ni rutas claras: mujeres buscadoras continúan sin garantías reales para encontrar a sus familiares

Ley de mujeres buscadoras avanza en el papel, pero no en garantías reales para proteger sus derechos y continuar con la búsqueda de sus familiares

A casi dos años de la vigencia de la Ley 2364 de 2024, que reconoce a las mujeres buscadoras como sujetos de especial protección, la Defensoría del Pueblo advirtió que aún persisten graves vacíos en la garantía de sus derechos en todo el país.

Un informe de la Defensoría señala que pese a la reciente reglamentación mediante el Decreto 0063 de 2026, la implementación de la norma sigue siendo principalmente formal y no se traduce en acciones concretas que mejoren las condiciones de vida de esta población.

Luego consultar a 33 entidades nacionales y 73 territoriales, el ente de derechos humanos concluyó que la mayoría de las instituciones continúa atendiendo a las buscadoras bajo una oferta general, sin aplicar enfoques diferenciados que reconozcan las afectaciones específicas derivadas de la desaparición forzada.

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El documento resalta que, aunque se han dado avances en el reconocimiento simbólico de las mujeres buscadoras como constructoras de paz y sujetas de especial protección constitucional, la respuesta estatal carece de articulación interinstitucional y de asignación presupuestal suficiente para garantizar su bienestar integral.

Entre los hallazgos se encuentra la ausencia de protocolos diferenciados, lo que limita el acceso real a servicios de salud mental, vivienda digna y educación. Esta falta de medidas concretas, advierte la Defensoría, impide que la ley se materialice más allá del papel.

El informe fue socializado durante un taller nacional realizado en Bogotá, organizado por la Fundación Nydia Erika Bautista, en el que participaron entidades del orden nacional y organizaciones internacionales como Brigadas Internacionales de Paz, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Igualdad y Equidad, la Presidencia de la República y Amnistía Internacional, así como colectivos de mujeres buscadoras.

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Como hoja de ruta para evitar que la ley quede en el papel, la Defensoría propuso adaptar la oferta institucional mediante protocolos de atención diferenciada; fortalecer la protección integral con rutas ampliadas en salud física, mental y psicosocial; y garantizar la participación activa de las mujeres buscadoras en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas que las afectan.

Si bien el informe reconoce experiencias locales valiosas que demuestran que es posible avanzar con voluntad política y coordinación, el llamado central es claro: sin garantías reales, presupuesto y articulación efectiva, la ley seguirá siendo una promesa incumplida para miles de mujeres que continúan buscando a sus familiares desaparecidos en Colombia.

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— Hora13 Noticias (@hora13noticias) February 24, 2026