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Las autoridades descartaron la presencia de grupos pertenecientes al autodenominado Ejército de Liberación Nacional o a las disidencias de las Farc en la carretera que comunica los municipios de La Unión y Nariño, en el Oriente antioqueño. Esto tras la quema de un bus, ocurrida la semana pasada, y la aparición de grafitis en la vía con la inscripción del Eln.
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Este miércoles el secretario de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento, Luis Eduardo Martínez, habló de las conclusiones de un consejo de seguridad realizado con los representantes de la Policía y el Ejército así como con los alcaldes de La Unión, Sonsón, Argelia y Sonsón, e indicó que una conclusión fue que en este eje no se ha detectado que existan reductos de las organizaciones de origen guerrillero.
“Eso sale del trabajo de inteligencia que permanentemente adelantan las fuerzas en territorio y la información que constantemente reciben nuestros alcaldes de primera mano”, afirmó el general (r) Martínez, quien explicó que lo cierto es que en esta subregión delinquen es el Clan del Golfo, la banda El Mesa y grupos de delincuencia común que mantienen una confrontación permanente por las rentas del microtráfico.
En consecuencia, los mandatarios y el secretario le pidieron a la Fuerza Pública que investigue, haciendo uso de los instrumentos que provee la inteligencia, cuáles son los autores reales de los hechos antes mencionados.
Otra solicitud fue aumentar los patrullajes conjuntos para garantizar la seguridad de los ciudadanos que se movilizan por el corredor vial y evaluar si acaso es necesario un acompañamiento para los transportadores en horas de la noche.
Como tercero, Martínez instó a las autoridades locales a que fortalezcan los mecanismos de denuncia ciudadana para que los habitantes de esas localidades pueda aportar información oportuna, de manera que haga posible anticiparse a la acción de los delincuentes.
La quema del vehículo de servicio público ocurrió el viernes pasado en la noche en el corregimiento Mesopotamia, jurisdicción de La Unión. A esa hora, Hombres armados y portando uniformes camuflados detuvieron el vehículo, obligaron a los pasajeros a descender y posteriormente le prendieron fuego, según la versión de las autoridades.
En su momento, el gobernador Andrés Julián Rendón anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque.
Y desde un principio hubo sospechas pues en el área no se tenía noticia de que hicieran presencia o actuaran grupos armados ilegales desde hace cerca de dos décadas.
Por esa razón, la principal hipótesis de investigación, según Rendón, apunta a un posible caso de extorsión contra las empresas de transporte o comerciantes del sector.
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