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El secuestro de la primera dama del municipio de Uribia, Nancy Gómez Sánchez, puso el dedo en la llaga sobre una compleja situación de inseguridad que tiene maniatados a los habitantes de la Alta Guajira desde hace varios años, por cuenta del terrorismo, el narcotráfico y la corrupción.
Según el reporte de la Policía, la esposa del alcalde Jaime Buitrago fue raptada por hombres armados a las 6:08 a.m. de este miércoles, cerca a un gimnasio del pueblo. La hicieron abordar una camioneta y se la llevaron con rumbo desconocido.
“Desde el primer momento ordené el despliegue total de nuestra Fuerza Pública y la activación de un plan candado para impedir que los secuestradores crucen la frontera y trasladen a la víctima a territorio venezolano. Las primeras informaciones apuntan a la participación del ELN, situación que estamos verificando”, trinó el presidente Abelardo de la Espriella.
En términos de orden público, el Frente de Guerra Norte del ELN ha venido copando algunos de los territorios en la Alta Guajira que antes era dominados por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (“los Pachenca”), en particular luego de las recientes operaciones policiales que terminaron con las muertes de dos de sus comandantes: José Luis Pérez Villanueva (“Cholo”) y Naín Pérez Toncel (“Bendito Menor”).
En la zona también delinque el Clan del Golfo, pero con una menor influencia en este punto, estratégico para el despacho de cocaína hacia el mar Caribe, Centroamérica, Estados Unidos y Europa.
El dinero que generan estas rutas de narcotráfico transnacional no solo funcionan como un imán para el crimen organizado, sino que fomentan la corrupción de agentes estatales.
De hecho, el pasado julio salió a la luz pública un informe reservado de la DEA, en las páginas del Washington Post, el cual concluía que la intervención militar de EE.UU. en el Caribe no estaba frenando el flujo del alcaloide. Y una de las razones, era precisamente la corrupción en el área.
“Los narcotraficantes están sobornando a miembros de la Fuerza Pública colombiana en la península de La Guajira, para que les suministren la localización de los buques de guerra estadounidenses, y así poder evadirlos”, decía el reporte.
Los motivos por los cuales se produjo el secuestro todavía están bajo análisis. El alcalde Buitrago dijo que su cónyuge había denunciado amenazas hace meses, tras liderar actos de rechazo a las extorsiones y violencia que golpean a Uribia. “Lo que le decían era que no se metiera en lo que estaba pasando y que no llamara la atención de las autoridades”, contó el mandatario local a la prensa, y agregó: “Llegaron a escribirle al teléfono que la próxima iba a ser ella o alguno de sus hijos”.
También denunció que, pese las intimidaciones, ni la Policía ni la Unidad Nacional de Protección (UNP) le reforzaron el anillo de seguridad.
El pasado 30 de julio se produjo otro secuestro de alto impacto en Uribia. La víctima fue David Rodríguez Gómez, un contador público que trabaja para el ICBF en el área financiera. El Gaula Militar lo rescató el 12 de octubre en el vecino municipio de Maicao.
Fuentes de la región indicaron que la situación de inseguridad también estaría agravada por la disputa entre actores políticos y criminales que pretenden apoderarse de redes de contratación ilegal.
Uribia fue uno de los escenarios del famoso escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el mandato de Gustavo Petro, cuando los directivos de esa entidad usaron contratos para el abastecimiento de agua potable como “cheques en blanco” para endulzar los votos que la Casa de Nariño necesitaba en el Congreso.
Al margen de los motivos que hubiese tenido el rapto de Gómez en el ámbito local, es claro que el ELN ha desplegado una estrategia nacional de secuestros, como respuesta a la ofensiva militar en su contra declarada por De la Espriella.
El 17 de agosto fueron retenidos en Ocaña, Norte de Santander, el mayor Fredy Russi González, el patrullero Édinson Medina Traslaviña y la patrullera Érica Monroy Hurtado, policías del Grupo Antiterrorista de la Dijín.
Y el 4 de noviembre se llevaron a la subteniente María Pantoja Hernández, miembro de la Inteligencia Militar, en Saravena, Arauca. Este secuestro le costó el llamado a calificar servicios a sus superiores, los generales Gerardo Ortiz Ramírez y Jorge Mario Aguirre Martínez, comandantes de la Octava División y de la Brigada 18, respectivamente.
En otros hechos de orden público ocurridos el miércoles, un policía fue asesinado cuando realizaba actividades de registro y control en una vía pública del municipio de Hato Corozal, en el departamento de Casanare.
El hecho sucedió en la noche de este miércoles, y al parecer hace parte de una escalada terrorista que ha golpeado a distintas comunidades del país.
La información preliminar indica que el uniformado y un compañero estaban patrullando en su motocicleta, cuando recibieron varios disparos. Uno de ellos perdió la vida en el sitio, mientras que el otro alcanzó a ser llevado a un centro médico, donde al cierre de esta edición permanecía con pronóstico reservado.
La víctima fue identificada como el patrullero Juan Sebastián Quintero Caldas, de 37 años de edad, según las autoridades.
“He ordenado desplegar todas las capacidades operacionales, de inteligencia e investigación criminal para identificar, perseguir y capturar a los responsables cuanto antes (...). Cada ataque contra la Fuerza Pública tendrá una respuesta contundente del Estado”, declaró el presidente Abelardo de la Espriella en su cuenta de X.
A las 3:00 de la madrugada arrojaron una granada de fragmentación junto a la valla externa de la sede de RCN, en la ciudad de Cali. Las primeras versiones indican que dos sujetos, que se desplazaban en una moto, lanzaron el explosivo antes de escapar.
Aunque no hubo lesionados, el hecho se suma a las amenazas a medios de comunicación que se conocieron el pasado fin de semana, cuando el edificio del canal Caracol tuvo que ser evacuado en Bogotá, por una alerta de ataque terrorista.
En horas de la mañana también fue atacado con explosivos lanzados desde drones el peaje de Cachimbal, en el corregimiento de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao (Cauca).
Aunque no hubo víctimas, la situación produjo el cierre temporal de la Vía Panamericana, interrumpiendo la movilidad entre Popayán y Cali. El atentado fue atribuido al frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central de las Farc.
Y en el municipio de El Tambo, Cauca, los terroristas hostigaron la subestación de Policía de El Crucero de Pandiguando.
Según el reporte oficial, usaron drones con explosivos artesanales y ráfagas de fusil. Por fortuna tampoco hubo lesionados.
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