¡Se fueron para Ecuador! Esposa e hija de alias ‘Fito’ fueron expulsadas de Colombia

Foto sacada de redes sociales.

Inda Mariela Peñarrieta y Michelle Jamileth Macías, esposa e hija de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, salieron de Colombia y fueron entregadas a las autoridades de Ecuador durante la noche de este martes 29 de septiembre.

El procedimiento se realizó en la base aérea militar de Catam, en Bogotá, en medio de un operativo coordinado entre Migración Colombia, la Policía Nacional y autoridades ecuatorianas. Desde la capital, las dos mujeres fueron trasladadas en un vuelo hacia Guayaquil, donde quedaron a disposición de la justicia de ese país.

Ambas son requeridas dentro del denominado caso ‘Blanqueo Fito’, una investigación por el presunto delito de lavado de activos que busca establecer el origen y movimiento de recursos que estarían relacionados con el entorno de alias ‘Fito’, señalado como cabecilla de la organización criminal ‘Los Choneros’.

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Inicialmente, Ecuador había solicitado órdenes de captura con fines de extradición para las dos mujeres. Sin embargo, posteriormente desistió de ese mecanismo y coordinó con Colombia su expulsión directa.

Las mujeres habían sido capturadas el domingo 27 de septiembre en Sabana de Torres, Santander, durante un procedimiento de la Policía, a través de la DIJIN, en coordinación con autoridades ecuatorianas y el FBI. Posteriormente fueron trasladadas a Bogotá para concretar su salida del territorio nacional.

De acuerdo con las autoridades ecuatorianas, ambas permanecían prófugas desde 2025 y eran buscadas mediante circular roja de Interpol por el presunto delito de lavado de activos.

Dentro de la investigación financiera, las autoridades reportaron movimientos considerados inusuales en sus cuentas. En el caso de Inda Peñarrieta, se identificaron aproximadamente 1,3 millones de dólares en ingresos considerados inusuales e injustificados entre 2020 y 2024. Para Michelle Macías, el monto reportado fue de alrededor de 435.900 dólares.

La investigación deberá determinar el origen y destino de estos recursos y la posible participación de las procesadas en una estructura que habría utilizado personas y empresas para movilizar dinero.

Tras su llegada a Guayaquil, funcionarios ecuatorianos les comunicaron las órdenes de localización y captura y les informaron sus derechos, entre ellos guardar silencio y contar con asistencia de un abogado.

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