Se acaban los abusos en los cobros de reconexión: nueva ley protege a los usuarios

Una nueva medida del Gobierno Nacional busca poner fin a los abusos en los cobros por reconexión de servicios en el país. Con la sanción de la Ley 2485 de 2025 por parte del presidente Gustavo Petro, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) tendrá la potestad de fijar un valor máximo que las compañías podrán cobrar por restablecer los servicios de telecomunicaciones suspendidos.

Hasta ahora, las tarifas de reconexión eran establecidas libremente por las empresas, lo que generaba diferencias significativas entre regiones y operadores. Con la nueva ley, se busca equilibrar las relaciones entre los usuarios y los proveedores, garantizando precios justos y una mayor transparencia en el sector.

La normativa adiciona un parágrafo al artículo 23 de la Ley 1341 de 2009, permitiendo que la CRC intervenga directamente en la fijación de topes tarifarios. De esta manera, se limita el poder que tenían los grandes monopolios para imponer cobros desmedidos a los consumidores, especialmente en zonas donde no existen múltiples opciones de servicio.

Uno de los objetivos centrales de esta medida es proteger a los hogares más vulnerables, quienes suelen ser los más afectados por las altas tarifas de reconexión. En muchos casos, las familias que enfrentan dificultades económicas optan por suspender temporalmente servicios como internet o telefonía móvil, pero luego se encuentran con cobros de reconexión que superan su capacidad de pago.

De acuerdo con datos recientes, los precios de reconexión varían ampliamente en el país. Mientras en algunos municipios los valores rondan los 20.000 pesos, en otros pueden superar los 70.000, dependiendo del tipo de servicio y del estrato socioeconómico del usuario. Esta disparidad ha generado inconformidad y desconfianza entre los consumidores, quienes no cuentan con información clara ni mecanismos efectivos para reclamar.

La nueva ley también exige que las empresas informen de manera transparente el valor exacto de la reconexión en las facturas y notificaciones al usuario, eliminando la incertidumbre sobre los cobros. Además, busca fomentar una competencia más justa en el mercado, ya que las tarifas reguladas permitirán a los usuarios comparar precios y elegir con mayor criterio.

Las compañías de telecomunicaciones deberán ahora ajustar sus políticas y procedimientos para cumplir con los topes que establecerá la CRC. El ente regulador será el encargado de definir próximamente los lineamientos específicos para su aplicación.