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Amenazas obligan a familia Upegui a abandonar tierras en Urabá
La familia Upegui, reconocida como víctima del conflicto armado en Colombia y beneficiaria de una sentencia de restitución de tierras, volvió a ser desplazada el 26 de febrero de 2026. El hecho ocurrió en el sector Paquemás, municipio de Turbo, cuando uno de los herederos recibió amenazas directas relacionadas con la reclamación de su predio y de la vivienda familiar, lo que obligó a la familia a abandonar nuevamente su tierra, impidiendo la entrega material que había sido ordenada por la justicia.
El predio en cuestión había estado bajo control de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), responsables del desplazamiento forzado y del despojo sistemático de tierras que obligaron a los Upegui a salir del territorio años atrás. Tras un proceso judicial prolongado, el Estado reconoció su condición de víctimas y ordenó la devolución plena del predio, determinando que quienes se presentaban como ocupantes sostenían su permanencia con escrituras fraudulentas y carecían de derecho legítimo sobre la tierra.
El día programado para la entrega material, las amenazas obligaron a uno de los herederos a salir del predio y desplazarse nuevamente hacia Medellín. En un video grabado al momento de su salida, el afectado manifestó: “Hoy me tocó salir nuevamente desplazado de la finca mía, que era el día de la entrega de restitución, pero por motivos de amenaza no pude recibir la finca y aquí voy otra vez desplazado para la ciudad de Medellín”. Este hecho constituye un nuevo desplazamiento forzado en el marco de un proceso de reparación judicial, que debía garantizar seguridad y restitución integral.
La familia Upegui también expresó preocupación por posibles diferencias entre las extensiones de tierra reconocidas en los títulos originales y las áreas que se están entregando materialmente a algunas víctimas. Por ello, solicitan a las autoridades garantías efectivas de protección, investigación inmediata sobre las amenazas recibidas, acompañamiento institucional reforzado y revisión integral de la restitución. Subrayan que la entrega de tierras no puede convertirse en un nuevo motivo de desplazamiento y que la reparación judicial debe ser integral, segura y digna, cumpliendo plenamente con los derechos reconocidos por la justicia.
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