¿Quién debe pagar por los delitos cometidos por menores?

Colombia sigue arrastrando las cadenas de un pasado violento, forjado a sangre y fuego por figuras como Pablo Escobar. En Antioquia, especialmente en las comunas de Medellín y sus municipios aledaños, la nefasta sombra del narcotraficante aún se cierne sobre nuestras comunidades, habiendo moldeado una cultura perversa donde la vida parece no valer nada y el dinero fácil se ha convertido en una tentación constante. Niños, niñas y jóvenes, inocentes por naturaleza, fueron y siguen siendo instrumentalizados por el crimen organizado, transformados en peones desechables en una guerra que no les pertenece.

Es indignante ver cómo la ideología de los capos permeó hasta los cimientos de nuestra sociedad, preparando la psique de menores y adolescentes para una realidad distorsionada: “la vida no vale nada”, “puedes conseguir dinero fácil sin esfuerzo”, y lo más aberrante, “puedes quitar la vida y los bienes materiales a otros sin ningún problema legal a causa de tu inimputabilidad”. Esta última premisa es el corazón de la podredumbre, una brecha en nuestro sistema de justicia que los criminales explotan sin piedad. Los menores no miden las consecuencias como un adulto, y los “alicientes punitivos” que les ofrecen a sus reclutadores –dinero, poder, estatus y la promesa de una pena leve– son un veneno que corroe sus futuros.

La historia de Byron Velázquez, alias “Quesito”, sicario de Rodrigo Lara Bonilla a los 18 años, y la más reciente del joven de 14 años que disparó contra Miguel Uribe Turbay en Modelia, son ecos desgarradores de una misma tragedia. Estos casos no son meras coincidencias; son la prueba irrefutable de que la instrumentalización de menores es una estrategia criminal persistente y efectiva. Nuestros niños, por su condición de inimputables ante la ley, se convierten en la herramienta más propicia para delinquir, el eslabón más vulnerable de una cadena de horror que se recicla constantemente.

El Congreso de la República no puede seguir haciéndose el ciego. Es imperativo, una cuestión de decencia y justicia, que se bastante el velo histórico y revisar, de una vez por todas, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. No podemos permitir que la inimputabilidad se convierta en un escudo para el crimen organizado, que utilice a nuestros niños como carne de cañón sabiendo que las consecuencias legales son mínimas. La sociedad exige respuestas, y lo que es más importante, exige justicia.

Alguien tiene que pagar por los delitos atroces cometidos por menores de edad, ya sea por instrumentalización o por coerción. Es mi firme convicción de que quien comete un delito, sin importar su edad, debe someterse a una justicia sin beneficios, una justicia que realmente disuada. La complacencia actual solo fomenta la reincidencia y perpetúa el ciclo de violencia que desgarra nuestras comunidades.

Si la ley insiste en no condenar al adolescente por su condición, entonces la responsabilidad debe recaer en quienes lo incitaron a delinquir: los padres de familia, acudientes, adultos responsables o los reclutadores criminales. No es posible que un menor sea el brazo ejecutor y el sistema se declare impotente. Alguien tiene que asumir las consecuencias de esos actos criminales, y no puede ser solo la víctima. Es hora de que el peso de la ley caiga sobre los verdaderos responsables, los que manipulan y destruyen la vida de nuestros jóvenes.

Exijo, como ciudadano, que el Congreso de la República actúe con la urgencia y la determinación que esta crisis demanda. Es momento de soportar las penas y de garantizar que cada delito tenga un castigo justo y ejemplar, sin excepciones. ¿Seguiremos siendo testigos pasivos de la instrumentalización de nuestra niñez, o por fin haremos lo que es correcto para protegerlos y para sanar las heridas profundas de esta nación?

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