¿Qué pasó con la plata de la paz? Los bienes de las Farc no alcanzan para reparar a las víctimas

Foto de archivo.

La Contraloría General de la República lanzó una fuerte advertencia sobre la falta de recursos para cumplir con la reparación de las víctimas del conflicto armado, señalando que los bienes entregados por la extinta guerrilla de las Farc son insuficientes y difieren drásticamente de lo pactado inicialmente.

Según el organismo de control, para este 2026 solo se cuenta con el 16% del presupuesto necesario para ejecutar los componentes restauradores exigidos por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La brecha económica es alarmante. Mientras que el tribunal de paz estima que se requieren $121.858 millones de pesos para cumplir con los objetivos de las sentencias, actualmente solo existen $20.000 millones disponibles.

Esta situación deja en el aire el componente de reparación integral, el cual es la columna vertebral del Acuerdo de Paz.

La Contraloría señaló que no existen partidas presupuestales claras en las entidades territoriales y nacionales para cubrir este déficit, lo que genera una incertidumbre total para quienes esperan una indemnización por los daños sufridos durante el periodo de violencia.

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El inventario de lo entregado por las Farc hasta la fecha es, para muchos, una burla al Estado. En efectivo, de los $12.070 millones prometidos, solo han llegado a las arcas públicas poco más de$ 2.114 millones.

El panorama en otros activos es igual de desolador: de los 440.020 gramos de oro granulado pactados, faltan por entregar casi la mitad; en cuanto a semovientes, solo hay 258 animales de los más de 24.000 registrados en el acuerdo; y en inmuebles, la cifra es ridícula, pues de 722 propiedades comprometidas, solo una ha sido entregada formalmente.

Ante este escenario, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Unidad para las Víctimas (UARIV) enfrentan el reto de gestionar un patrimonio que parece no existir en la realidad.

La Contraloría advirtió que esta falta de cumplimiento no solo afecta el bolsillo del Estado, sino que golpea directamente el principio de no repetición. Si no se encuentran los recursos o los bienes reales, la efectividad de la justicia transicional quedará en entredicho, dejando a miles de colombianos con las manos vacías y una sensación de impunidad frente a los compromisos adquiridos en La Habana.

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