¿Qué pasará con el lote de la casa vinculada a Pablo Escobar en El Poblado?

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La casa vinculada a la historia de Pablo Escobar en el barrio El Diamante N.° 2, en El Poblado, comenzó a desaparecer bajo la maquinaria de demolición, pero la historia de este predio todavía tiene un capítulo por resolver.

El terreno, de 1.854 metros cuadrados, permaneció durante años asociado al abandono y a diferentes problemas de seguridad y convivencia que preocupaban a los residentes del sector. La intervención comenzó el martes 13 de octubre, luego de que el distrito adelantara las gestiones necesarias para ejecutar el derribo de la estructura.

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Sin embargo, lo que queda por establecer es qué ocurrirá con el lote. De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, el inmueble permanece bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que gestiona bienes incorporados al Estado mediante procesos como la extinción de dominio.

Una de las alternativas mencionadas es que la Alcaldía de Medellín solicite el terreno a la SAE para desarrollar allí algún proyecto de infraestructura. No obstante, hasta ahora no se ha anunciado una destinación definitiva para el espacio ni se conoce un cronograma para su eventual transformación.

La discusión sobre el futuro del predio abre una nueva etapa para un lugar que pasó de estar relacionado con una de las figuras más conocidas de la historia criminal colombiana a convertirse en objeto de intervención estatal.

Los antecedentes de este terreno se remontan a 1979, cuando fue adquirido por Victoria Eugenia Henao, esposa de Pablo Escobar. Décadas después, el inmueble entró en un proceso judicial que modificó su situación jurídica.

En 2004, la propiedad quedó bajo una medida cautelar de la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, en 2018, pasó al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), administrado por la SAE, tras el proceso de extinción de dominio. La decisión quedó respaldada por una sentencia judicial de 2020.

Esa trayectoria explica por qué la alcaldía tuvo que adelantar gestiones ante la entidad nacional para intervenir el inmueble. Aunque el Distrito impulsó la demolición, la administración del terreno sigue siendo un aspecto central para determinar qué entidad podrá disponer de él y bajo qué condiciones.

Por ahora, no se ha precisado si el lote será solicitado formalmente por la alcaldía o qué tipo de infraestructura podría construirse allí. Tampoco se ha anunciado una inversión estimada para un eventual proyecto.

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Ese será uno de los puntos a considerar tras la decisión de demoler esta propiedad, dado que la misma hacía parte de un tour que ofrecen a extranjeros interesados en conocer más sobre la historia del narcotráfico en Medellín y Colombia.

De lo que sí se tiene certeza es de la postura de los habitantes del sector, quienes, una vez se enteraron del inicio de la demolición, “descansaron” un poco de tanta visita inesperada y, según ellos, hasta molesta.

“Es como si lo único que hubiera por contar de Medellín y de nuestro país fuera una historia relacionada con narcotráfico y drogas. Por acá uno ve a esos turistas encantados cuando les hablan de Escobar y de lo que hizo; es muy triste. Ojalá esto sirva para ir erradicando un poquito esa cultura y ese tipo de visitas”, dijo una de las vecinas, quien prefirió no revelar su identidad.

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La decisión de derribar la vivienda estuvo relacionada con las situaciones que, según las autoridades y los habitantes del sector, se presentaban en el lugar.

Durante años, el inmueble permaneció abandonado y fue señalado como escenario de consumo de drogas y bebidas alcohólicas, encuentros sexuales y presuntos rituales. También se reportó su utilización para exaltar la figura de Escobar y atraer visitantes interesados en el narcotráfico.

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Estas circunstancias generaron inconformidad entre vecinos, que reclamaban una intervención para recuperar la tranquilidad del entorno.

Para ejecutar los trabajos, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) emitió un concepto técnico favorable y la Inspección de Convivencia y Paz expidió la orden correspondiente. Después, la alcaldía realizó las gestiones con la SAE para hacer efectiva la intervención.

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