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La emergencia económica que el gobierno de Gustavo Petro declaró en diciembre pasado enfrenta su prueba más dura en la Corte Constitucional.
Para la Procuraduría General de la Nación, el Decreto 1390 de 2025 no supera el examen constitucional y debe ser declarado inexequible en buena parte de su contenido.
El concepto, firmado por el procurador general, Gregorio Eljach, fue enviado al despacho del magistrado Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo y ponente del caso.
Se trata de un documento de cuarenta páginas que, aunque no es vinculante, sí constituye un insumo de peso para la decisión final del alto tribunal.
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El Ministerio Público concluyó que varios de los temas incluidos en el decreto no guardan una relación directa, específica y necesaria con la crisis que motivó la declaratoria de emergencia, requisito exigido por la Constitución para acudir a facultades extraordinarias.
En concreto, pidió declarar inexequibles los apartes relacionados con:
– La necesidad de recursos para el sector defensa y la gestión de la Unidad Nacional de Protección.
– La atención de una emergencia derivada de un desastre natural.
– El pago de sentencias judiciales.
– El pago de obligaciones atrasadas del Estado.
Según la Procuraduría, estos asuntos no tienen un vínculo suficiente con la crisis humanitaria invocada por el Ejecutivo y, por tanto, no deberían tramitarse mediante un estado de excepción.
El Gobierno ha defendido que la emergencia es necesaria para pagar fallos judiciales, reforzar la seguridad de líderes sociales y cubrir subsidios de servicios públicos. Sin embargo, para el órgano de control, no se trata de hechos sobrevinientes ni extraordinarios, ni del agravamiento súbito de una problemática estructural.
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