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La Procuraduría General de la Nación ha abierto una investigación disciplinaria contra el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, por su presunta participación en política. La indagación surge a raíz de declaraciones públicas emitidas por el ministro sobre la campaña presidencial del abogado Abelardo De la Espriella y la aspiración al Senado del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El detonante principal de la indagación fue una entrevista concedida por Montealegre a la Revista Semana, donde calificó la precandidatura de De la Espriella como “caricaturesca” y lanzó duras críticas a su perfil.
“Él es muy bueno para vender ron, excelente para cantar ópera, pero no lo veo con ninguna formación intelectual y ética, siendo un abogado de la mafia, para ser presidente de Colombia”, expresó Montealegre.
La Procuraduría también consideró las “duras descalificaciones” del ministro contra el expresidente Álvaro Uribe como otro de los motivos para abrir la investigación. Aunque Montealegre ha sido reconocido como víctima dentro del proceso judicial contra Uribe, el Ministerio Público evalúa si sus opiniones públicas están excediendo ese rol y afectando la neutralidad exigida por su alto cargo en el Gobierno.
Llamado a la «Paz Electoral»
La decisión de la Procuraduría se enmarca en un contexto donde el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, ha insistido en la necesidad de promover una “paz electoral” y evitar los discursos de odio de cara a las elecciones presidenciales de mayo de 2026.
Eljach hizo un llamado enfático a todos los actores políticos, incluyendo al presidente Gustavo Petro y su gabinete, a evitar este tipo de confrontaciones. “Mi llamado es a no repetir esa historia dolorosa”, señaló Eljach en un comunicado oficial.
El procurador advirtió que las campañas deben desarrollarse con firmeza en las ideas, pero sin incitación al odio. Reafirmó el papel de la Procuraduría como organismo que vigila, previene y sanciona conductas que comprometan la imparcialidad del ejercicio público, recordando a los servidores del Estado que deben defender su gestión «en el marco de la ley y la Constitución».
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